MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
Diferentes investigadores, abogados y políticos han reclamado más estudios científicos y financiación que demuestren los efectos que las radiaciones de los dispositivos tecnológicos pueden tener sobre la salud de sus usuarios, según han destacado en el Simposio Europeo sobre Radiaciones no Ionizantes organizado en Madrid por la Fundación para la Salud Geoambiental.
Según ha destacado el jefe de la sección de radiaciones no ionizantes del hospital Ramón y Cajal de Madrid, Alejandro Úbeda, el conocimiento sobre los efectos de las radiaciones no ionizantes es "aún insuficiente", y eso "da lugar a la controversia científica y a mensajes encontrados por parte de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, lo que provoca confusión entre los ciudadanos".
De hecho, recuerda una reciente encuesta que demostró que hasta el 68 por ciento de los españoles piensa que las radiaciones procedentes de la telefonía móvil pueden causarles daños de algún tipo.
"Lo que uno esperaría, con este panorama, es que España invirtiera más que otros países en investigar los efectos de las radiaciones no ionizantes", reconoce este experto, matizando que, sin embargo, está entre los últimos países de la Unión Europea en cuanto a financiación de este tipo de estudios.
A su juicio, esto no se debe a la falta de equipos que quieran y puedan investigar, sino a la financiación, que "ha sido muy pobre hasta ahora y no siempre bien gestionada", relató.
Además, recuerda que los estudios que se están realizando se basan en financiaciones concedidas antes de la crisis por lo que "en el futuro habrá aún menos financiación", de ahí que reclame programas de investigación a largo plazo que tuvieran su financiación garantizada a lo largo de todo el proyecto.
Y UNA AGENCIA PÚBLICA QUE ADMINISTRE LA FINANCIACIÓN
Asimismo, también propone la creación de una agencia pública que administre la financiación de estos estudios, ya que reconoce que el procedimiento de adjudicación de la financiación tiene que estar "muy tutelado" a fin de "evitar acusaciones posteriores de sesgos en los estudios o en los resultados".
"La financiación debería estar administrada por una agencia pública que distribuyera el dinero entre los distintos proyectos de investigación basándose en criterios objetivos", explicó.
Según Úbeda, esta agencia debería estar formada por un panel interdisciplinario de expertos investigadores en bioelectromagnética y biofísica que evalúen las propuestas y vigilen el interés de los proyectos.
En un sentido similar se expresó Ceferino Maestu, director del laboratorio de Bioelectromagnetismo de la Universidad Politécnica de Madrid, quien lamenta las "dificultades para avanzar en el conocimiento de los efectos de las radiaciones en la salud".
"Las personas reciben todas esas frecuencias a la vez y eso tiene un efecto acumulativo en su organismo, pero los poderes públicos han dimitido de su responsabilidad de controlar todo lo que afecte a la salud de los ciudadanos, al menos en este campo", añadió.
