Médicos y cirujanos estéticos piden al Gobierno que pague la explantación de las PIP a quienes no puedan pagarlo

Actualizado: jueves, 8 marzo 2012 13:28

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Profesional de Médicos y Cirujanos Estéticos de España insta al Gobierno a sufragar los gastos de explantación e implantación de nuevas prótesis mamarias a las 30.000 mujeres afectadas en estos momentos por las protesis PIP en España, pero que no pueden acogerse a los supuestos de financiación que contempla la Administración.

Así lo ha anunciado hoy el presidente de esta asociación, Jesús Moreno, asegurando que "la crisis sanitaria" generada por las prótesis PIP ha sido una "estafa" en la que han salido perjudicados tanto médicos como pacientes y de la que el Gobierno y la UE "son responsables".

Según Moreno, en la actualidad y antes de que las administraciones tomaran cartas en el asunto, los cirujanos de su asociación han trabajado gratuitamente para operar a estas mujeres, cuya salud no corre un gran riesgo ya que, según explican, la rotura de las PIP solo podría llegar a ocasionar inflamación e irritaciones, nunca cáncer, además de la inquietud psicológica que genera en las afectadas. Precisamente por este motivo consideran necesaria su explantación, en contra de lo que propone el Gobierno, que es mantenerlas bajo vigilancia, y en la línea de lo que han hecho ya otros países como Francia y Alemania.

Estas operaciones solo están teniendo un coste mínimo para las pacientes de 1.800 euros, una tercera parte de lo que costaría una operación de estas características. En esta cantidad se incluyen los gastos de alquiler de quirófano, anestesia y de las nuevas prótesis, pero no los honorarios del cirujano.

Para esta asociación, ésta es una situación injusta y tanto el Gobierno como las administraciones autonómicas están "tratando de escurrir el bulto", según afirma el abogado de la asociación, Jesús García, quien advierte de que, si las administraciones no se hacen cargo de al menos estos gastos, podrían acudir a la vía judicial. "Desde el punto de vista jurídico ya se está trabajando en esta línea", ha advertido.