IU-ICV y BNG piden una subcomisión del Congreso sobre los efectos sociales y económicos del amianto

Actualizado: viernes, 3 marzo 2006 18:57

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Verde (IU-ICV) y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) han propuesto la creación de una subcomisión en el Congreso de los Diputados para que realice una valoración de las repercusiones sociales, económicas, sanitarias y medioambientales producidas por el amianto en un plazo de seis meses.

Esta iniciativa tiene lugar después de que la Comisión de Sanidad aprobara el pasado 22 de febrero una proposición no de ley de IU-ICV, relacionada con las repercusiones nocivas de esta fibra mineral en los trabajadores expuestos a la misma, junto a otra del BNG sobre el mismo tema, a través de un texto transaccional.

Dicha aprobación supone establecer medidas en relación a las personas afectadas por el contacto con la fibra de amianto, por lo que ambas formaciones han buscado ahora propiciar y aplicar medidas para mejorar las consecuencias derivadas de este empleo y encontrar soluciones a las cuestiones que puedan ser mejorables.

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBCOMISIÓN

Se compondría de tres representantes de cada grupo parlamentario con más de 100 diputados en la Cámara Baja y 2 representantes de cada uno del resto de los grupos realizándose los acuerdos con criterio de voto ponderado.

Para ello, se desarrollarían las comparecencias de miembros del Gobierno, de administraciones públicas, de representantes de asociaciones y de sectores conocedores de la realidad del uso y empleo del amianto, así como la recepción de los documentos de las administraciones y organismos públicos o las aportaciones que por escrito puedan realizar quienes no sean convocados a comparecer a sus sesiones.

Según IU-ICV y BNG, en esta subcomisión cabrían todo tipo de actividades propuestas por los grupo parlamentarios para adquirir la mayor cantidad de conocimientos destinados a ahondar en el problema con el fin de obtener un informe lo más amplio y completo posible, todo ello con un plazo de seis meses.

Finalmente, el estudio realizado por esta subcomisión de valoración, junto con las conclusiones finales, se remitiría al Pleno del Congreso para su debate y votación.