ZARAGOZA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de las Cortes de Aragón aprobó hoy el proyecto de ley de reforma de la Ley de Salud de la Comunidad Autónoma con el objetivo de facilitar a los aragoneses la realización de la declaración de últimas voluntades, el documento legal mediante el cual cualquier ciudadano puede dejar por escrito todo lo relativo a los últimos días de su vida, en lo que se refiere a la atención sanitaria.
La Cámara aprobó el texto con las enmiendas de Chunta Aragonesista (CHA). En la votación conjunta del texto todos los Grupos votaron a favor, salvo el PP, que lo hizo en contra.
A partir de ahora, los ciudadanos residentes en Aragón mayores de edad y que cumplan los requisitos para formalizar la declaración de voluntades anticipadas deberán realizar los trámites no con tres sino con dos testigos mayores de edad y con plena capacidad de obrar, de los que uno no podrá tener relación de parentesco hasta el segundo grado ni estar vinculado por relación patrimonial con el interesado.
Además, en lugar de depender del Servicio Aragonés de Salud (SAS), el Registro público en el que se entrega la documentación pasará a depender del Departamento de Salud, atendiendo a los intereses de los usuarios de las diversas redes sanitarias, no sólo la pública autonómica, sino también la privada y la militar.
Esta reforma, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, suprime las comisiones que hay en cada centro sanitario público formadas por profesionales y que valoran cada declaración de voluntades anticipadas.
En su intervención ante el Pleno de las Cortes, la consejera de Salud, Luisa Noeno, expresó que "es lógico y muy humano decidir cómo queremos afrontar el tramo final de nuestro camino" y señaló que "es el individuo quien puede optar por una creencia u otra", frente a "las actitudes paternalistas" de otras épocas.
La reducción del número de testigos de tres a dos es "una medida que facilita al otorgante la expresión de su voluntad", puesto que "suele ser complicado" para los interesados encontrar a tres personas que no sean parientes cercanos y, a la vez, estén dispuestos a participar en un acto legal que afecta "de forma tan íntima a las personas".
El popular Ricardo Canals apostó por mejorar la "garantía" para que los ciudadanos puedan realizar este trámite adecuadamente y defendión sus tres enmiendas, una de las cuales pretende suprimir la exigencia de aportar testigos para realizar la declaración de voluntades anticipadas y otra para que los funcionarios del Registro puedan validar los documentos. Una tercera enmienda pretendía redacter el artículo relativo al Registro.
El diputado de Izquierda Unida (IU), Adolfo Barrena, manifestó su "compromiso" en mejorar la regulación sobre las voluntades anticipadas y añadió que este es "un camino que hay que recorrer más todavía" y expresó que esta acción requiere más pasos "consensuados". La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, apoyó la iniciativa y consideró "razonable" la enmienda parcial del PP para que los funcionarios del Registro puedan validar las declaraciones.
Ibeas defendió dos enmiendas para coordinar el registro aragonés con el Registro estatal de Instrucciones Previas, la primera, y para realizar una corrección lingüística, la segunda.
El socialista Eduardo Alonso expresó que el Gobierno autónomo tiene como objetivos facilitar la realización de estos trámites, agilizar el acceso de los profesionales sanitarios del sector privado al Registro y "no disminuir las garantías del paciente". El diputado del PAR Joaquín Peribáñez apoyó las dos enmiendas de CHA.
