HUELVA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) - Una administrativa del Servicio de Admisión de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva sufrió anoche una agresión a manos de una usuaria sin identificar cuando ésta llegó al centro hospitalario. Según explicaron a Europa Press fuentes del centro y la Delegación de Salud, ante estos hechos, el personal de seguridad llamó a la Policía, personándose de inmediato en el hospital y llevándose retenida a la usuaria para su identificación. Así, tanto la dirección del Hospital Juan Ramón Jiménez como la Delegación Provincial de Salud condenaron la agresión "totalmente injustificada". Se trata de un suceso "completamente aislado y que en ningún caso empaña el clima de confianza y respeto mutuo existente entre los usuarios y los profesionales del Hospital Juan Ramón Jiménez" y aclararon que, de hecho, las agresiones en el centro mantienen una "clara tendencia a la baja, habiendo pasado un año desde que se registrara la última agresión a un profesional". Nada más tenerse constancia de este suceso, se activó el protocolo diseñado por la Consejería de Salud ante este tipo de casos, que implica tanto apoyo psicológico como asesoramiento jurídico al personal afectado. De hecho, esta misma mañana, han sido denunciados los hechos en la Jefatura de la Policía, tanto por parte de la afectada, que en todo momento ha estado acompañada por el responsable de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, como de la dirección del hospital onubense. Esta actuación se enmarca dentro del 'Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz', puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Salud en 2005 y que también contempla medidas de formación y seguridad, así como la creación de un registro donde se contabilizan estas agresiones. El Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez cuenta con un circuito integrado de vigilancia con un total de 29 cámaras de seguridad, que supone un avance significativo en los medios disponibles para garantizar la seguridad relacionada tanto con las personas como con el edificio, sus bienes e instalaciones y una importante herramienta de apoyo para el personal de seguridad. Están situadas en todo el perímetro del centro --incluso en el túnel de servicio o la parte trasera del edificio industrial--, así como por el interior del hospital, repartidas de forma estratégica por los accesos, pasillos y puntos potencialmente más conflictivos. También cuentan con este sistema el Hospital Vázquez Díaz y el Centro Periférico de Especialidades Virgen de la Cinta, ambos pertenecientes a esta área hospitalaria. El sistema está integrado en un circuito cerrado digital de grabación permanente, que en todo momento respeta la intimidad y no interfiere para nada en la actividad asistencial. Por otra parte, el plan de prevención andaluz ha permitido dotar a los centros sanitarios de Huelva de 184 medidas de seguridad y protección --62 interfonos, 49 teléfonos directos con seguridad, 16 salidas alternativas, 20 videocámaras de vigilancia en espacios abiertos y 37 vigilantes de seguridad, entre otras--. Estas medidas, con una inversión que superan los tres millones de euros, se están extendiendo a las nuevas infraestructuras sanitarias. ATENTADO A FUNCIONARIO A ello se añaden los encuentros mantenidos por la Consejería de Salud y los responsables del ámbito judicial, en los que la Administración sanitaria ha reiterado la necesidad de que la Fiscalía califique como delito de atentado las agresiones a personal sanitario en las que se haya producido un peligro real para la seguridad o la vida de los profesionales. De hecho, los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han obtenido, en el primer trimestre de este año, un total de diez condenas por agresiones sufridas por profesionales de los centros sanitarios en el desempeño de su labor en toda la comunidad autónoma. De las condenas conseguidas en estos tres primeros meses del año, seis de ellas tipifican como delito de atentado a funcionario público la agresión sufrida por los profesionales en el desempeño de su actividad sanitaria. Además, conllevan condenas por falta de amenazas y lesiones. En dos de ellas, se ha dictado como medida adicional orden de alejamiento y prohibición de comunicarse al ciudadano condenado con los profesionales agredidos durante un plazo de seis meses y dos años, respectivamente. Las condenas dictadas en estas seis sentencias por delito de atentado y falta de lesiones y amenazas oscilan entre seis meses y un año de prisión, a lo que se suma además la inhabilitación de los condenados para el sufragio durante el tiempo de condena y multas de entre 45 y 360 euros.
