13 de diciembre de 2018

Una actuación policial represiva de trabajadoras del sexo, vinculada a peor salud

Una actuación policial represiva de trabajadoras del sexo, vinculada a peor salud
EUROPA PRESS - ARCHIVO

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores sexuales que se enfrentan a una actuación policial represiva son más propensos a experimentar violencia y peor salud y bienestar, según una nueva investigación publicada en 'PLOS Medicine'. Dirigida por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM, por sus siglas en inglés), en Reino Unido, la revisión sistemática encontró que los trabajadores sexuales que habían estado expuestas a la actuación policiaca represiva (como arrestos recientes, prisión, desplazamiento de un lugar de trabajo, extorsión o violencia por parte de agentes) tuvieron una posibilidad tres veces mayor de experimentar violencia sexual o física por parte de cualquier persona, por ejemplo, un cliente, un compañero o alguien que se hizo pasar por un cliente.

También tenían el doble de probabilidades de tener el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y u otras infecciones de transmisión sexual (ITS, por sus siglas en inglés), en comparación con los trabajadores sexuales que habían evitado las prácticas de represión policial. Los pocos estudios que analizaron la salud emocional mostraron que los trabajadores sexuales que habían sufrido recientemente encarcelamiento, arresto o mayor presencia policial también tenían más probabilidades de tener resultados de salud mental más deficientes.

Desde la primera revisión sistemática que examina los impactos de la criminalización en la seguridad, la salud y el acceso a los servicios de las personas que ejercen el trabajo sexual, los investigadores concluyen que la reforma de políticas y leyes demostrablemente perjudiciales es urgente para proteger y mejorar la seguridad y la salud de las personas que ejercen el trabajo sexual y proporcionar más derechos. Los datos incluidos en la revisión procedían de 33 países, incluido Reino Unido.

El estudio es particularmente oportuno dado el interés político activo en los modelos de despenalización del trabajo sexual (introducido en Nueva Zelanda) y la criminalización de la compra de sexo (actualmente legislado en Canadá, Francia, Islandia, Irlanda del Norte, Noruega, República de Irlanda y Suecia).

Para recopilar información, el equipo buscó en las bases de datos de revistas revisadas por pares desde 1990 hasta 2018, para investigar sobre trabajo sexual, legislación, vigilancia y salud. Sólo se incluyeron las investigaciones que informaron sobre datos proporcionados por los trabajadores sexuales.

Los investigadores revisaron los efectos de la criminalización y la represión policial, entre los que se incluyen detenciones recientes, prisión, desplazamiento de un lugar de trabajo, confiscación de agujas/jeringas o condones, y extorsión, violencia sexual o física por parte de agentes de policía.

Mediante el uso de técnicas que incluían el metanálisis (agrupando los resultados de los estudios cuantitativos incluidos), el equipo pudo estimar el efecto promedio de estar expuesto a una vigilancia represiva en comparación con ninguna de esas exposiciones. El equipo también identificó las vías principales a través de las cuales estos efectos ocurrieron en diferentes contextos legislativos (sintetizando los resultados de los estudios cualitativos incluidos).

UN 13 POR CIENTO MÁS DE RIESGO DE VIH EN PAÍSES DE INGRESOS MEDIOS Y BAJOS

Los trabajadores sexuales que habían evitado la vigilancia policial represiva tenían un 30 por ciento menos de probabilidades de tener relaciones sexuales con clientes sin condón, un factor de riesgo para el VIH y las ITS. Si bien la prevalencia es muy variable en diferentes contextos, en los países de ingresos bajos y medios, los trabajadores sexuales tienen en promedio 13 veces más riesgo de contraer VIH, en comparación con las mujeres en edad reproductiva (de 15 a 49 años de edad), por lo que su capacidad para negociar el uso de condones es más importante.

La investigadora Lucy Platt, autora principal de este trabajo y profesora asociada en Epidemiología de Salud Pública en LSHTM, apunta: "Nuestra importante revisión destaca el impacto de las leyes sobre el trabajo sexual y las prácticas policiales en la seguridad y la salud de las personas que venden sexo en todo el mundo".

"Donde algunos o todos los aspectos del trabajo sexual fueron criminalizados, las preocupaciones sobre su propio arresto o el de sus clientes significaron que los trabajadores sexuales a menudo tenían que apresurarse a la hora de tratar con los clientes para negociar servicios, o trabajar en lugares aislados, para evitar a la policía. Esto aumentó el número de trabajadores sexuales vulnerables al robo y la violencia".

"Al mismo tiempo, la policía frecuentemente no actuó ante los informes de las personas que ejercen el trabajo sexual sobre estos delitos, o culpó y arrestó a las personas que ejercían el trabajo sexual, lo que significa que los delincuentes pueden operar con impunidad y las personas que ejercen el trabajo sexual se muestran reacias a informar a la policía en el futuro. Se informó de estas experiencias una y otra vez en una amplia gama de países", señala.

La investigación también mostró que la actuación policial represiva no solo marginaba aún más a los trabajadores sexuales como población, sino que también reforzaba las desigualdades dentro de las comunidades de trabajadores del sexo, ya que la policía a menudo se dirigía a grupos específicos o entornos laborales.

Investigaciones en Suecia y Canadá demostraron que la criminalización de los clientes de los trabajadores sexuales no mejoró la seguridad de este colectivo o el acceso a los servicios. En Nueva Zelanda, tras la despenalización, los trabajadores sexuales informaron que podían rechazar a los clientes e insistir en el uso de condones, en medio de mejores relaciones con la policía y los gerentes.

Sin embargo, los inmigrantes siguen siendo excluidos de este sistema. Estudios de Guatemala, México, Turquía y Nevada (Estados Unidos) demostraron cómo los modelos regulatorios exacerban las disparidades en las comunidades de trabajadores sexuales. Permitieron el acceso a condiciones más seguras para algunos, pero excluyeron a la mayoría.

Pippa Grenfell, coautora y profesora asistente de Sociología de Salud Pública en LSHTM, señala: "De nuestra revisión se desprende que la criminalización del trabajo sexual normaliza la violencia y refuerza las desigualdades de género, raciales, económicas y de otro tipo. Lo hace restringiendo a los trabajadores sexuales el acceso a la justicia, y al aumentar la vulnerabilidad, la estigmatización y la marginación de las mujeres y minorías ya marginadas".

"Se necesita urgentemente la despenalización del trabajo sexual, pero también se deben abordar otras áreas. Se requiere una acción política más amplia para hacer frente a las desigualdades, el estigma y la exclusión a la que se enfrentan los trabajadores sexuales, no solo dentro de los sistemas de justicia penal, sino también en la salud, la violencia doméstica, la vivienda, el bienestar, el empleo, la educación y la inmigración", reclama.

Los autores dicen que, aunque es probable que las reformas legislativas y los cambios institucionales relacionados requieran esfuerzos a largo plazo, también se necesitan intervenciones inmediatas para apoyar a los trabajadores sexuales. El equipo de investigación reconoce las limitaciones de su revisión, como solo una pequeña cantidad de estudios que examinaron contextos donde el trabajo sexual está despenalizado o la compra de sexo fue criminalizada, así como pocos estudios realizados con mujeres u hombres trans, o que examinaron la interacción entre la criminalización y otros factores sociales que afectan a la salud y la seguridad de las personas que ejercen el trabajo sexual.