MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
Farmacéuticos, distribuidores y la industria farmacéutica, tanto la patronal Farmaindustria como los fabricantes de medicamentos genéricos, han firmado un manifiesto conjunto para mostrar su rechazo a las restricciones a la prestación farmacéutica adoptadas o anunciadas por algunas comunidades autónomas.
El manifiesto ha sido firmado por los presidentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) y la Asociación Española de Fabricantes de Sustancias y Especialidades Genéricas (AESEG).
Todos ellos critican algunas medidas anunciadas por algunas comunidades, como el catálogo de medicamentos de Galicia o el proyecto de licitación pública en determinados principios activos de Andalucía o la supresión de medicamentos en la prescripción electrónica, en Castilla-La Mancha, medidas que, a su juicio, "introducen diferencias de acceso e inequidades entre los ciudadanos españoles en función de la Comunidad en la que residen".
Por ello, reclaman que "se respeten las competencias del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social" y se "vele por la aplicación de la distribución de competencias" para mantener la unidad, cohesión e igualdad de acceso de los pacientes a la prestación farmacéutica en toda España.
Asimismo, denuncian que los retrasos en los pagos a los proveedores --tanto industria como oficinas de farmacia-- están "estrangulando" el normal desarrollo de su actividad, con "consecuencias imprevisibles si esta situación se prolonga más en el tiempo".
De hecho, según recuerdan, los dos reales decretos aprobados por el Gobierno en marzo y mayo de 2010 pueden conllevar "un elevado coste en términos de pérdida de empleo", estimando unos 25.000 despidos entre industria, distribución, oficinas de fgarmacia y proveedores.
Ante esto, consideran necesario que los responsables políticos "evalúen la necesidad de aportar recursos suficientes para financiar adecuadamente la sanidad".
Pese a todo, las entidades firmantes quieren dejar constancia de su "compromiso por contribuir a mantener un Sistema Nacional de Salud (SNS) de máxima calidad", mostrando su disposición a "alcanzar una mejor gobernanza de la prestación farmacéutica".
"Hay que defender conjuntamente el valor del medicamento como fuente de salud en nuestra sociedad y el importante papel que representa cada uno de los agentes en la cadena del medicamento en nuestro sistema sanitario", según aseguran.
