SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento ha convalidado este martes, con el voto a favor de PSOE-A e IULV-CA y la abstención del PP-A, el decreto-ley aprobado por el Consejo de Gobierno para modificar la Ley de Farmacia de Andalucía, vigente desde 2008, con el fin de garantizar la dotación de oficinas en todos los municipios de menos de 1.000 habitantes y mejorar diversos aspectos de esta prestación. Asimismo, PSOE-A e IULV-CA han rechazado la tramitación del decreto como proyecto de ley, solicitada por PP-A.
Según ha explicado al Pleno del Parlamento la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, la modificación legislativa se lleva a cabo mediante la fórmula de decreto-ley, prevista en el Estatuto de Autonomía para circunstancias de extraordina+ria y urgente necesidad, en este caso justificadas por el mandato legal de asegurar la asistencia farmacéutica a la población de pequeños municipios.
En primer término, según ha indicado, la nueva norma permitirá reabrir el concurso para readjudicar seis farmacias que quedaron vacantes en otras tantas localidades de la comunidad, después de que sus nuevos titulares renunciasen a la apertura de las mismas. Los municipios afectados son Cáñar, Pórtugos, Agrón y Turón (Granada); Alicún (Almería) y La Nava (Huelva).
La reapertura del concurso se circunscribe a la última fase de las tres desarrolladas tras la entrada en vigor de la ley autonómica, que cambió el anterior sistema de adjudicación a instancias del sector farmacéutico por otro basado en la planificación mediante convocatorias públicas.
Esta tercera fase, resuelta en 2013, se dirigió en exclusiva a aquellos profesionales que nunca habían sido titulares y en ella se ofertaron las oficinas rurales que resultaron libres en las anteriores al conseguir sus farmacéuticos otras nuevas.
De las otras dos fases, la primera fue para titulares con más de diez años de permanencia en municipios o núcleos pequeños o aislados con menos de 1.000 habitantes. Se reservó el 20 por ciento del total de farmacias que salieron a concurso y tuvo como finalidad premiar la dedicación de estos farmacéuticos al ofrecerles la posibilidad de cambiar de establecimiento.
La segunda estuvo abierta a todos los farmacéuticos que deseasen ser titulares de oficinas y a aquellos que, ya siéndolo, quisieran cambiar de ubicación. Sumando las tres fases, el concurso ha permitido la apertura de 313 oficinas de farmacia en la comunidad autónoma desde 2010. Junto con estos cambios, el decreto-ley elimina también la caducidad del derecho a la titularidad por motivos de edad cuando el farmacéutico tiene más de 65 años.
Para las farmacias de municipios de menos de 1.000 habitantes, también se rebaja la superficie útil mínima de las oficinas de nueva apertura o traslado, que será de 60 metros cuadrados y 30 para la planta de acceso a la vía pública, frente a los 85 y 35 que establece la Ley de Farmacia, respectivamente.
PP-A VE "INSUFICIENTE" EL DECRETO-LEY
En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP-A Rafael Vicente Valero ha indicado que este decreto contiene medidas positivas y soluciona algunos problemas que están encima de la mesa, "pero es claramente insuficiente". Según ha destacado, esta nueva norma está motivada por la necesidad que tiene la Junta de adaptarse a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS).
Por su parte, el diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha explicado que este decreto viene a modificar una ley para adecuarla a la situación actual y para, fundamentalmente, acelerar los concursos de asignación de farmacias que están pendientes. En su opinión, este decreto debería estar exento del debate de "emponzoñamiento" que habitualmente utiliza el PP en materia de sanidad.
Finalmente, el diputado de IULV-CA Manuel Baena ha lamentado la "tardanza" del Gobierno andaluz en aprobar este decreto dada su importancia y ha destacado la necesidad de Andalucía de mejorar su parque de farmacias. Ha mostrado el apoyo de su grupo a esta nueva normativa, poniendo en valor la seguridad jurídica que aporta.
