SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha admitido este lunes que algunos sectores empresariales vinculados a la farmacia entiendan que la licitación de medicamentos mediante concurso público a los laboratorios que oferten el mejor precio, una medida que viene recogida en el Decreto Ley de Medidas Urgentes en Farmacia recientemente aprobado, "puedan afectar a sus beneficios y busquen por ello fórmulas legales".
Montero, quien ha hecho así alusión al anuncio que el presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Fernando Redondo, ha elevado a Europa Press de que los servicios jurídicos de la federación están analizando la legalidad de dicho decreto, ha señalado por su parte en declaraciones a Europa Press que la norma andaluza parte "de un estudio jurídico muy completo, por lo que creemos que dispone de todas las seguridades que plantea la normativa (estatal) vigente".
Del mismo modo, ha argumentado que el hecho de que la licitación de moléculas venga recogido en un decreto-ley significaría que "sólo puede plantear su impugnación por parte del Gobierno de España y ante el Constitucional".
"Creemos que ninguna entidad ni organismo, al margen del Gobierno de la Nación, puede impugnar este decreto-ley, que a todos los efectos es una ley", ha enjuiciado la titular andaluza de Salud, quien ha explicado que la norma andaluza supone una "respuesta adecuada" para "maximizar" el ahorro de la factura farmacéutica.
Sea como fuere, ha reconocido que el sector del ramo muestre sus temores por una medida que plantearía un recorte en sus ingresos --algunos también plantean una merma en el acceso al mercado de la farmacia--. "Entiendo que aquellos que crean que pueden verse afectados sus beneficios busquen fórmulas legales que le permita que no se ejecute nuestro decreto ley", ha zanjado.
El presidente de FEFE, quien ha admitido que no ha tenido ocasión de analizar detenidamente dicho decreto de licitaciones, ha explicado que los servicios jurídicos de la federación están analizando la legalidad de este decreto-ley, ya que, según ha sostenido, "a modo general, medidas de este tipo rompen la igualdad y equidad de acceso a la sanidad para todos los españoles".
"Las comunidades no se dan cuenta de que son meros gestores de un Sistema Nacional de Salud (SNS) y de que no son ellas las que encargadas de establecer las normas de ese sistema", ha reprochado Redondo, para quien la sanidad "debe ser igual para todos los españoles, se sea gallego, asturiano, andaluz o catalán".
