MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha publicado este jueves las recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales que su oficina ha tenido que hacer a las distintas administraciones públicas, así destaca que en materia sanitaria el principal motivo de reclamación han sido la universalidad y gratuidad de la sanidad.
"La universalidad y gratuidad de la Sanidad es uno de los asuntos por los que la oficina del Defensor del Pueblo lleva mucho tiempo batallando", señalan, al tiempo que recuerdan que sus actuaciones se han plasmado en recomendaciones a los Ministerios de Sanidad, Política Social e Igualdad y de Presidencia, bajo el fundamento en que "un segmento de la población aún no tiene reconocido el citado derecho, a pesar de que la sanidad se financia vía impuestos desde el año 1999".
Así las cosas, destacan la publicación de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, que "extiende el derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera ser les reconocidos en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico", y que solucionará tras su entrada en vigor el próximo 1 de enero y su posterior desarrollo reglamentario.
Entre los casos más destacados de este año, señala la investigación de oficio la atención médica y farmacéutica a ciudadanos desplazados a otras comunidades autónomas. En su respuesta, explica, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad informó de la creación de un grupo de atención a desplazados en el seno del Consejo Interterritorial de Salud que recomendará la elaboración de documento de consenso que unifique criterios y procedimientos a nivel nacional para la atención a este colectivo.
Otras actuaciones destacadas en materia sanitaria tuvieron que ver con la atención al daño cerebral sobrevenido, con la participación social en el Sistema Nacional de Salud y con la confidencialidad de los datos clínicos de pacientes con VIH/sida, entre otros asuntos.
Por otra parte, también se siguieron atendiendo en 2011 quejas en relación a la accesibilidad de personas con discapacidad; y se inició una investigación de oficio a raíz de las carencias detectadas en el sistema de protección de la infancia.
En cuanto a los aspectos más relevantes en las quejas presentadas en materia de consumo, estuvieron relacionados fundamentalmente con el incumplimiento de la normativa en materia de garantías, servicios técnicos deficientes, el comportamiento abusivo de algunas empresas de alquiler de vehículos y los servicios de atención urgente y también de las referidas a la utilización del silencio administrativo por parte de los organismos de consumo.
En general, la oficina ha registrado un incrementó de sus recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a las distintas administraciones públicas, hasta alcanzar las 534 resoluciones -86 más que en 2010-, "siendo los temas económicos son los que más siguen preocupando a los españoles", añade.
