MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las 37 sociedades científicas que forman parte de la Federación de Asociaciones Científicos-Médicas Españolas (FACME) han suscrito un comunicado en el que advierten de que la reforma sanitaria de la Comunidad de Madrid es una privatización, "aunque quieran rebautizarla como colaboración público-privada", que puede ser seguida por otras comunidades.
"No cabe minimizar el impacto de la medida, que trasciende los límites de la comunidad madrileña", aseveran en una declaración conjunta aprobada en la Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado 28 de noviembre, tras evaluar el anuncio de privatización de la gestión de una parte de los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid.
En este sentido, han recordado que la reforma iniciada en la comunidad supone una privatización en tanto en cuanto "privatizar significa transferir al sector privado la gestión de un servicio público".
FACME cuestiona además la afirmación de que la gestión privada es más eficiente que la pública ya que, a su juicio, "se fundamenta sobre premisas ideológicas al no existir datos de comparación homogéneos entre ambas".
"Esta ausencia de reseñas es, en sí misma, una señal de alarma sobre la transparencia y rendición de cuentas de la gestión sanitaria pública, con independencia del sistema de gestión, público o privado", argumentan.
Además, consideran que existe la posibilidad de que una mayor flexibilidad o mayores instrumentos de gestión empresarial, introducidos en la gestión pública, la hagan a ésta más eficiente, como muestran las reformas en otros sistemas similares al español.
De hecho, han recordado que todos los países europeos con sistemas basados en el modelo de servicio nacional de salud han introducido importantes reformas en su gestión pero "manteniendo siempre el carácter público de sus instituciones y un muy significativo peso de la gestión pública sobre la privada".
"La privatización de la gestión sanitaria pública, poniéndola en manos de empresas, algunas dependientes de los fondos de capital-riesgo, es una maniobra que puede comprometer seriamente la capacidad de las administraciones públicas para hacer efectivas sus competencias de planificación y control", explica FACME.
Por todo ello, y ante el reconocimiento de que "existen muchas cosas a mejorar en la gestión pública", esta entidad "exigen" ser consultadas para el diseño y la puesta en práctica de las reformas necesarias.
"Conociendo la grave situación económica en la que estamos inmersos, hacemos un llamamiento a todas las partes, para que se imponga la negociación, evitando el deterioro de la calidad de la asistencia sanitaria, el quebranto de la formación de nuestros estudiantes y residentes y el desmoronamiento de nuestro tejido investigador", concluye el comunicado.
