Las extranjeras son más vulnerables, con 1,9 casos por 10.000 personas frente a 3,3 en españolas
BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Real Decreto Ley 16/2012 impulsado por el Gobierno del PP, que limitó el acceso a la sanidad pública de la población en situación administrativa irregular, ha reducido en un 15,6% el número de denuncias por violencia de género entre la población inmigrante, según un estudio.
Lo ha explicado la investigadora del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) Judit Vall, en una conferencia en la Facultad de Economía de la Universitat de Barcelona (UB): "Las víctimas de violencia de género tienen un umbral por encima del cual se deciden a dejar una relación abusiva y el acceso a la salud es relevante para tomar la decisión".
Es especialmente importante "en el caso de los médicos de cabecera, que tienen protocolos de detección y tienen la capacidad de derivar cada caso a servicios sociales y hacer el trabajo de acompañamiento", ha señalado.
"La reforma redujo la media de denuncias en 1,6 por cada 10.000 mujeres extranjeras y su efecto se nota desde el primer trimestre posterior a su aplicación, por lo que este descenso es atribuible directamente al cambio en la ley", ha defendido la investigadora.
En su estudio, realizado en colaboración con Caoimhe Rice de la University of York, compara las denuncias por violencia doméstica entre nacionales y extranjeras por trimestres entre 2009 y 2016, y distingue entre las comunidades que introdujeron regulaciones para reducir su impacto y las que lo aplicaron con toda su intensidad.
Así, redujeron su impacto Asturias, Catalunya, Galicia y el País Vasco, y el número de denuncias por violencia doméstica entre la población inmigrante bajó un 7,5%, frente al 19,3% que cayó en las comunidades que lo aplicaron con toda su intensidad, como Madrid, Baleares, Murcia, La Rioja, Castilla y León y Castilla la Mancha.
EFECTO INTERGENERACIONAL
La restricción en el acceso a la sanidad pública a la población sin documentos ha afectado a una población especialmente vulnerable a la violencia doméstica, ya que el ratio de denuncias por cada 10.000 mujeres españolas es de 3,3, mientras que en el caso de la población extranjera es de 15,9.
La investigadora destaca el efecto intergeneracional que puede tener la prolongación de los efectos de la reforma sanitaria: "La violencia doméstica afecta especialmente a las mujeres inmigrantes sin documentos, que son las más afectadas por la ley, y esto tiene como efecto colateral el daño que se produce en los hijos que viven en entornos familiares donde se producen maltratos".
