Máximo González dice que el personal "no está suficientemente preparado" y aboga por "colocar al paciente en el centro del proceso"
PAMPLONA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha dado "muy por bienvenido" el anteproyecto de la ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, cuyo primer informe fue aprobado el 13 de mayo en el Consejo de Ministros. En todo caso, ha indicado que pedirán "ciertas modificaciones" centradas en que la formación sea "mayor" para los profesionales y quede "mejor recogida" en esta norma.
Así lo ha indicado Máximo González en una rueda de prensa ofrecida en Pamplona con motivo de las Jornadas 'La enfermería ante el paciente terminal. Cuidados paliativos y muerte digna', que han dado comienzo este jueves en el Palacio de Congresos Baluarte. En su comparecencia, ha estado acompañado por el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Navarra, Pablo de Miguel Adrián.
González ha destacado que "en principio, el proyecto de ley parece bastante bueno", aunque ha insistido en que en el ámbito de la formación "deja todo muy abierto" y ha defendido que "no debe quedar casi como una recomendación".
A su juicio, el personal "no está suficientemente preparado en este ámbito", por lo que ha defendido que "hay que darles mayor formación, empezando por las facultades". Además, también ha defendido la "accesibilidad de los profesionales al registro de voluntades testamentos de vida" para garantizar el derecho de los pacientes.
En la actualidad, ha apuntado, existen 175.000 voluntades en el registro nacional, una cifra que González ha calificado de "ridícula" en relación al total de habitantes. En este sentido, ha resaltado la necesidad de llevar a cabo "una labor didáctica" y ha considerado que "lo ideal es que todos hiciéramos un testamento" en relación al proceso final de la vida.
Por otro lado, ha indicado que este anteproyecto "viene a recoger las leyes aprobadas sobre este tema en Andalucía, Navarra, y Aragón" y ha valorado que "es bueno que haya una ley básica para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos en todo el Estado y para que todos los profesionales estén trabajando bajo los mismos criterios".
Así, González ha mostrado su "preocupación" por que "principios y derechos consagrados que ahora se potencian en esta ley, como el derecho del paciente a la información y a tomar decisiones, no se están llevando a la realidad".
En concreto, ha defendido que "una persona que ha perdido su salud, mucho más en la fase final de la vida, tiene derecho a que se le informe absolutamente de todo su proceso". "Nos olvidamos de que el propietario de la historia clínica es el paciente, que es quien autoriza a los profesionales médicos a utilizarla. Eso es así conceptual y legalmente, pero esto no es la realidad", ha afirmado.
Además, ha defendido que "es el paciente el que tiene el derecho de decidir entre las soluciones terapéuticas que se le ofrezcan". Sin embargo, ha censurado que "eso no se conoce en el sistema sanitario español". En este sentido, ha abogado por "poner en el centro al paciente, algo que no existe hoy en el sistema sanitario".
"RESPETAR LA DECISIÓN DEL PACIENTE"
En cuanto a los cuidados paliativos, González ha resaltado que "pueden conllevar el acortamiento de la vida, algo que debe ser decidido por el paciente o por un familiar directo, una decisión que el profesional tiene que respetar".
A este respecto, el presidente del Consejo General de Enfermería ha asegurado que esta decisión "no choca con la actitud moral del profesional", ya que el paciente "tiene derecho a no sufrir, a morir con dignidad, a rechazar medidas terapéuticas sabiendo que eso conlleva el acortamiento de la vida".
Este proceso, ha afirmado, "no tiene nada que ver con la eutanasia", algo que el proyecto de ley no trata. "El anteproyecto de ley regula los derechos de los pacientes ante la muerte, tratando de garantizar que no sufra, mientras que la eutanasia es que el paciente pide a un profesional que le ayude a morir, algo que hoy está penalizado", ha añadido.
Por su parte, Pablo de Miguel ha valorado que en este momento existe un 'totum revolutum' en la regulación de la muerte digna, tras la aprobación de las leyes autonómicas de Andalucía, Navarra, y Aragón, así como el anteproyecto a nivel estatal. A su juicio, las normas de las Comunidades Autónomas "han sido un poco precipitadas, ya que se tenían que haber consensuado para favorecer una ley básica consensuada con todas las autonomías".
