MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
Un total de 6.588 mujeres afectadas por el fraude de los implantes mamarios de la empresa Poly Implant Prothese (PIP), entre ellas más de 100 mujeres españolas, se han sumado a la nueva demanda interpuesta ante el Tribunal de Comercio de Toulon (Francia) contra la empresa alemana TÜV Rheinland, encargada de certificar su calidad, para conseguir una indemnización de 3.400 euros por demandante.
Dicho tribunal condenó en noviembre a la firma alemana por haber actuado con negligencia frente a su obligación de controlar el proceso de calidad de estas prótesis, y tuvo que indemnizar con 3.400 euros a las 1.514 mujeres que secundaron dicha demanda.
Ahora, la firma de abogados Lozano Blanco & Asociados se han aliado con SCP Lienhard & Petitot y Laurent Gaudon para interponer una segunda demanda ante el mismo tribunal y que las mujeres que no participaron de aquel proceso judicial tengan una "segunda y última oportunidad".
"Estamos abriendo la puerta a muchas más mujeres del mundo para luchar por el reconocimiento y la indemnización como víctimas de un hecho atroz e inhumano que les cambió la vida para siempre", defendía hace un mes la abogada Nathalie Lozano, socia fundadora de Lozano Blanco & Asociados.
Esta firma asegura que dicha acción judicial es a todo riesgo, lo que significa que las demandantes solo tendrán que pagar los honorarios profesionales de los abogados y demás gastos pertinentes al momento de ganar el proceso.
Así, según precisan, el único pago previo que deben hacer es directamente al Tribunal de comercio de Toulon (Francia) por valor de 24 euros por concepto de impuestos.
El pasado 7 de junio se cumplieron dos años y medio desde que se hizo público en el ámbito mundial la situación de riesgo de unas 500.000 mujeres que se habían colocado implantes mamarios PIP con propósitos estéticos y reconstructivo, cuyo gel se demostró que no era equivalente al descrito por el fabricante aumentando el riesgo de ruptura.
TÜV Rheinland es una empresa alemana que se dedica a certificar la calidad de muchos productos, que van desde dispositivos médicos hasta plantas nucleares. De acuerdo con el Tribunal de Comercio de Toulon, "faltó a sus obligaciones de control sobre los procesos de fabricación y calidad de la empresa PIP, lo que permitió que en el mundo se distribuyeran prótesis de mala calidad", han explicado los abogados.
