MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSIT-UP afirmó hoy que la Consejería de Sanidad ha decidido "unilateralmente y fuera de los cauces legales establecidos" cerrar de manera "inmediata" el Centro de Salud Mental de Carabanchel y la reubicación de su plantilla en otros tres centros sanitarios.
El sindicato afirmó que el Comité de Empresa de Centros de Salud Mental recibió la noticia hace dos días mediante un escrito de la Coordinadora de la Oficina Regional de Salud Mental perteneciente al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en el que se exponía que "el motivo del cierre era la mala situación estructural del edificio, cuyas obras están contratadas desde junio de 2007".
Además, desde CSIT indicaron que el texto expone que "el traslado del personal se considera definitivo", aunque matizan que esta parte del escrito "se contradice con la última frase del comunicado en la que la Coordinadora asegura que este traslado no tendrá repercusión alguna en las condiciones laborales del personal afectado".
"Las nuevas condiciones laborales por el cambio de centro y el carácter definitivo de estos traslados son pruebas de que la Consejería de Sanidad miente a sus empleados teniendo en cuenta que uno de los centros de destino ya está siendo gestionado por una empresa privada y por tanto, los trabajadores a ese centro destinados ven claramente alteradas sus condiciones laborales", ya que, según afirmaron, "pasan de ser empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid a una empresa privada".
CSIT señaló que para ejecutar la reubicación de los empleados públicos afectados la administración debería comunicarlo al Comité de Empresa con un informe previo de éste, y comunicarlo de forma personalizada a los trabajadores afectados convocando también reuniones con ellos, al menos con 30 días de antelación. En este sentido, apuntó que el SERMAS "lo comunicó exclusivamente al Comité de Empresa el 9 de junio de 2008, es decir, con 3 días de antelación al cierre del centro y al traslado del personal".
Por ello, los 44 trabajadores del centro han enviado un escrito a Sanidad en el que señalan que si el motivo del traslado, como expone la Administración, es la ejecución de las obras contratadas en 2007, "los trabajadores deberían tener la posibilidad de regresar a sus puestos de trabajo cuando la estructura del edificio haya terminado de ser rehabilitada".
Asimismo, exponen que el carácter definitivo de los traslados que se especifica en el comunicado "implica que estos trabajadores no regresarán a este centro porque lo que es definitivo, es su cierre como Centro de Salud Mental".
"La premura con la que se exige el traslado de los trabajadores a los centros asignados conlleva consecuencias sobre la actividad asistencial del área y sobre los pacientes, a los que esta medida afecta gravemente y no han podido ser informados de las consecuencias que en ellos repercuten", defienden los trabajadores.
Por último, apuntaron que los centros asignados a los trabajadores, como son el Centro de Atención Primaria de Guayaba, Centro de Especialidades de Pontones y Centro de Salud Mental de Usera, "no son exclusivamente centros de Salud Mental, por lo que el personal trasladado, no podrá continuar la terapia y tratamiento de los pacientes que hasta ahora llevaba en el C.S.M de Carabanchel".
