MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
Sociedades científicas y corporaciones profesionales instan a la Comunidad Autónoma de Madrid para que, con independencia de otros recursos de carácter corporativo que puedan presentarse en cada caso, proceda a presentar el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo quedando vigente el artículo 9.1 del Área Única de Salud que ha sido declarado nulo hasta que se pronuncie el alto tribunal.
Según se especifica en la sentencia dicho procedimiento se centra en el análisis jurídico del artículo 9 de dicho decreto, y tal como se afirma literalmente en la demanda, el objetivo de la misma es "evitar que profesionales sanitarios sin la titulación, competencia y conocimientos necesarios puedan organizar, dirigir e incluso incentivar y llegar a evaluar la actuación de otros profesionales sanitarios".
Asimismo, señalan que toda la argumentación está basada en la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) con una interpretación de la misma que contradice el propio espíritu abierto de la LOPS, que "marcaba el camino a la evolución de las profesiones y sus titulaciones académicas, como así está ocurriendo".
Esta petición ha sido firmada por la Sociedad de Enfermería Madrileña de Atención Primaria (SEMAP); el Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Madrid (CODEM); la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y de Atención Primaria (FAECAP); la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE); la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC); el Consejo General de Enfermería (CGE); el Sindicato de Enfermería (SATSE); la Unión Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE); la Asociación Española de Matronas (AEM); la Asociación Madrileña de Enfermería de Salud Mental (AMESMEN) y la Sociedad Científica del Cuidado (SCC).
Asimismo, señalan que su intención es impulsar todas las acciones de cualquier índole legítima y respetuosa con el régimen democrático que les permitan reconducir la situación creada, "para demostrar, si fuere necesario, que los enfermeros y enfermeras de la Comunidad de Madrid y del conjunto del Estado disponen de toda la legitimación, capacidad, conocimientos y competencia profesional para asumir cuantas responsabilidades puedan contribuir a proteger la salud, garantizar la seguridad de las personas y gestionar unos centros sanitarios que tan necesitados están de ello".
