Un informe evidencia que el modelo de financiación de la sanidad en España "ha fracasado"
MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene un déficit estimado de entre el 10 y el 15 por ciento de los presupuestos asignados por las comunidades autónomas a sanidad, lo que hace necesario que se pongan en marcha mecanismos de control para que las comunidades no puedan superar el techo de gasto presupuestado.
Así se desprende de las conclusiones de un informe de PricewaterhouseCoopers (PwC) a partir de las reflexiones de diferentes expertos como los exministros de Sanidad, Julián García Vargas y Ana Pastor, además de diversos presidentes y directores generales de grupos hospitalarios, aseguradoras sanitarias, empresas de tecnología médica y laboratorios.
En este sentido, consideran que los mecanismos de control presupuestario para no superar el techo de gasto sanitario requiere "una mayor implicación" de las consejerías autonómicas de Hacienda.
Y es que dicho estudio evidencia que el modelo histórico de financiación sanitaria "ha fracasado" debido, en gran parte, a que éste sólo funciona a base de periódicos saneamientos consistentes en "poner el contador a cero para, inmediatamente, generar más deuda".
"Es urgente evitar la generación de más deuda y aplicar medidas que hagan viable el modelo de financiación de la sanidad española", reclaman los autores del informe.
Actualmente, la deuda del SNS es de entre 10.000 y 15.000 millones de euros que incluye, además de la deuda reconocida, una deuda oculta en forma de facturas no pagadas.
Además, la traslación a los proveedores privados de las dificultades financieras por las que atraviesan las administraciones autonómicas está haciendo peligrar la viabilidad de algunas compañías del sector, ya que algunos proveedores están soportando plazos de pago superiores a 600 días.
Para ello, el informe de PwC aboga por reconocer la deuda real del sistema y elaborar urgentemente un plan de pago consensuado entre las administraciones públicas y las empresas del sector.
Además, proponen también que se considere la posibilidad de establecer la obligatoriedad de auditorías externas para todas las entidades sanitarias, para aplicar en todas la comunidades programas sostenibles de reducción de costes y mejora de la eficiencia.
En este punto, reclaman también programas integrales de reducción del gasto, prestando especial atención a las partidas con mayor potencial de optimización, y reforzar la productividad del sistema "haciendo las cosas adecuadamente" y "haciendo las cosas adecuadas".
