VALENCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La sección séptima de la Audiencia de Valencia ha condenado a un dentista a pagar 9.275,20 euros a una paciente, de los que 4.000 corresponden a daños morales, por la colocación de una prótesis incompleta e imperfecta, trabajo sobre el que el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos ya apreció un "quebrantamiento el código deontológico en aspectos relevantes a la calidad de la asistencia".
La sala estima de esta forma parcialmente el recurso presentado por la afectada contra la decisión del juzgado de primera instancia número 10 de Valencia que absolvió al dentista de la pretensión económica reclamada por la mujer, que solicitaba hasta 14.930 euros o bien una nueva prótesis y 4.300 euros.
La mujer había demandado al dentista por incumplimiento de la obra o encargo recibido, concretado en la colación de una prótesis fija en la arcada superior, que ascendía a 4.167 euros. La reclamante había aceptado el presupuesto por lo que el médico comenzó su actividad y le colocó la prótesis definitiva el 31 de diciembre de 2003. La mujer, según se recoge en la sentencia, notó un "desajuste" y un "fuerte dolor" que le obligó a acudir de nuevo a la consulta, donde el doctor le dijo que era normal y que desaparecería a los pocos días.
No obstante, pasado el tiempo y como no mejoraba, y las relación con su dentista era "más difícil", --incluso en una ocasión se tuvo que requerir la presencia de la Policía para que abandonara la consulta-- presentó una reclamación en el Colegio de Odontólogos que le dio la razón. La afectada presentó entonces la demanda a la que se opuso el reclamado quien alegó que su paciente faltaba con frecuencia a las citas programadas; que presentaba distintos focos infecciosos y se negaba a tomar antibióticos y dejó de asistir a la consulta tras colocarla definitivamente la dentadura, decisión que tomó ante el interés que tenía puesto que eran Navidades ya que el tratamiento no estaba acabado.
Para la sala, el hecho de que el dentista renunciara a interrogar a la demandante al inicio del juicio no puede producir el efecto de que el tribunal acepte como probadas sus manifestaciones ya que las cuestiones relativas a la inasistencia o no administración de antibióticos deben ser contrastadas por las partes. De ahí que crea que esta renuncia sólo pretenda "negar la posible contradicción". En este sentido, explica que no puede admitir como hechos probados el contenido de la historia clínica "por ser de creación unilateral" del médico.
Asimismo, señala que no puede obviarse que la paciente pagó todo el presupuesto cuando le colocó la prótesis y señala que si el trabajo no está acabado "no hay razón para exigir el pago de la totalidad de lo presupuestado".
