20 de junio de 2012

Las Defensorías del Pueblo piden una atención específica a los jóvenes y mayores que padecen una enfermedad mental

Las Defensorías del Pueblo piden una atención específica a los jóvenes y mayores que padecen una enfermedad mental
PEDRO ETURA/JUSTICIA DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las Defensorías del Pueblo españolas, reunidas en Zaragoza en el marco de las XXVII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, han coincidido en solicitar a las administraciones una atención específica para los enfermos mentales jóvenes y mayores, con intervenciones y estrategias diferenciadas, propias de cada etapa vital.

Así se recoge en el documento de conclusiones del taller sobre enfermedad mental y colectivos de jóvenes y mayores preparatorio de estas Jornadas y que este miércoles ha expuesto el secretario general del Ararteko (Defensor del Pueblo Vasco), Faustino López de Foronda.

Este documento contiene una descripción de los principales trastornos mentales que afectan a estos colectivos: trastornos de la conducta alimentaria, hiperactividad y déficit de atención, trastornos de la personalidad y del espectro autista, en relación con la infancia, adolescencia y juventud, y la enfermedad de Alzheimer, entre otros trastornos degenerativos asociados a la edad, en lo que respecta a las personas mayores.

Otra de las conclusiones del documento trabajado por las Defensorías afirma que la atención a los problemas de salud mental "continúa presentando graves carencias, a pesar de los avances registrados en las últimas décadas".

Entre otras necesidades, se reclama el desarrollo de la cartera de servicios del sistema nacional de salud en todas aquellas cuestiones específicas de la atención a jóvenes y mayores con problemas de salud mental.

La erradicación del estigma, la inversión en formación de los profesionales que trabajan con estos colectivos, la coordinación inter e intrainstitucional y con el resto de los agentes implicados con el fin de sacar adelante los programas individualizados que los pacientes requieren y la necesidad de una regulación específica de los centros de menores con el fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el adecuado tratamiento a los internos con enfermedad mental, son otras de las conclusiones y recomendaciones finales consensuadas por las Defensorías del pueblo y expuestas en la última mesa redonda de las Jornadas celebrada este miércoles.

En el foro también han intervenido el representante del Consejo Aragonés de Personas Mayores, Francisco Javier Iriarte; uno de los miembros de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Miguel Ángel Divi; el vocal de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos del Gobierno de Aragón, Mariano Sanjuán; y el gerente de Atades-Huesca, José Luis Laguna.

DECISIONES CONDICIONADAS

Iriarte ha propuesto la conveniencia de que se elabore un protocolo para evaluar la capacidad de las personas mayores ante la toma de decisiones trascendentes que les puedan perjudicar porque, en su opinión, muchas veces, estas decisiones están condicionadas por las emociones, la debilidad, la dependencia afectiva e incluso por la coacción.

Miguel Ángel Divi se ha referido a la infancia y a la adolescencia y ha alertado de que el 50 por ciento de los trastornos mentales se inician antes de los 14 años. Como herramientas para tratar los trastornos mentales en esta etapa, Divi ha hecho hincapié en las ventajas que tiene el arte y la música para trabajar las emociones y los pensamientos.

La intervención del Mariano Sanjuán, de la Comisión de Tutelas del Gobierno de Aragón, ha servido para poner encima de la mesa las carencias de este organismo que se ocupa de 800 personas incapacitadas judicialmente con 21 profesionales. Entre otras necesidades inmediatas, ha destacado la creación de una unidad de hospitalización psiquiátrica para adolescentes entre los 14 y los 18 años.

Por último, ha intervenido José Luis Laguna, de Atades, para reclamar mayor coordinación institucional, sobre todo entre los servicios sociales y de salud, así como la puesta en marcha de unidades de respiro para los familiares desbordados por su situación cuando tienen un hijo, enfermo mental, violento y se niega a tomar el tratamiento.