CC.OO. insta a Cospedal a cumplir la ley y garantizar a las mujeres de la región el derecho al aborto

Actualizado: lunes, 19 septiembre 2011 18:36

TOLEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Mujer de CC.OO. en Castilla-La Mancha, Kirsten Lattrich, ha instado a la presidenta de la región, María Dolores de Cospedal, ha cumplir la ley después de que las clínicas de aborto hayan roto el convenio con la Junta por el impago de las facturas.

Según Lattrich, esta situación significa "un grave riesgo de desprotección" para las mujeres de la región, por lo que ha reclamado al Gobierno que sean los centros sanitarios públicos los que asuman este cometido, según ha informado CCOO en nota de prensa.

"El que las mujeres castellano-manchegas que decidan interrumpir su embarazo legal y voluntariamente tengan que costearse ellas mismas la intervención supone poner en cuestión la efectividad del derecho a decidir y significa un grave riesgo de desprotección para las mujeres de la región", ha denunciado Lattrich

De esta forma, la secretaria de Mujer recuerda que "es obligación" de la Administración regional garantizar la aplicación de la Ley 2/2010 de Salud Sexual, Derechos Reproductivos e Interrupción Voluntaria del Embarazo y dar las suficientes garantías sanitarias y legales en la que se recoge que solo de forma excepcional esta intervención debe realizarse en la sanidad privada, lo que, sin embargo, según Lattrich, se ha convertido en la "generalidad" para toda Castilla-La Mancha, donde ha señalado que no se realizan interrupciones voluntarias de embarazo en ningún centro público de salud.

Tras la ruptura del convenio de las clínicas privadas y la consejería de Sanidad, CCOO señala que deben ser los hospitales públicos de la región los que asuman la prestación de este servicio garantizado por Ley, y deben de tomar con urgencia las medidas correspondientes para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva e interrupción de embarazo.

Por último, Lattrich ha reiterado que "la necesidad de la dotación de centros públicos de referencia en las cinco provincias, que eviten la distorsión territorial y aseguren el efectivo ejercicio del derecho, tanto en el momento de la interrupción como en su seguimiento posterior."