SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto por el que se crea el modelo único del parte de notificación a los juzgados de las asistencias por lesiones en los centros sanitarios públicos y privados.
El nuevo documento pondrá fin a la diversidad de modelos que actualmente se utilizan y proporcionará información suficiente, precisa y desagregada por sexos para facilitar la actuación de los órganos judiciales y, especialmente, la identificación de las situaciones de violencia contra las mujeres y desprotección de menores.
Según ha destacado en rueda de prensa la consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, esta comunicación escrita, obligatoria en todas aquellas asistencias motivadas por cualquier situación digna de ser notificada a un juzgado de guardia, puede incorporarse al sumario y tiene valor de prueba documental si, tras su instrucción, se decide la apertura de juicio oral, lo que permitirá "avanzar en la persecución de los delitos".
El parte es también acreditativo de que una persona con signos de violencia o sospechosa de falta o delito ha sido atendida en un centro sanitario. El decreto regulador del nuevo modelo, elaborado con el consenso de las administraciones competentes en las áreas implicadas (Justicia, Infancia y Familia, Igualdad, Mujer, Violencia de Género, Fiscalía y Salud), establece las normas fundamentales de protección de datos personales, confidencialidad y deber de secreto.
Asimismo, fija en 24 horas el plazo máximo de comunicación al juzgado, salvo en aquellos casos cuya causa presumible sea la violencia de género, el maltrato y las agresiones a personas, en los que el envío deberá ser inmediato.
Durante el pasado año 2010, los profesionales sanitarios andaluces andaluces emitieron más de 100.000 partes judiciales de asistencia, motivados principalmente por delitos violentos, accidentes de tráfico y laborales, violencia de género y casos de maltrato a menores. En estos dos últimos ámbitos, los centros sanitarios de la comunidad cuentan con protocolos específicos de actuación ante sospechas de malos tratos a menores y para demandas de mujeres víctimas de agresiones físicas y sexuales.
