SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido levantar la suspensión cautelar de cinco meses que pesaba desde el pasado mes de abril sobre la resolución del SAS que validaba en la práctica la subasta pública de medicamentos en Andalucía, una medida de ahorro con la que el departamento del ramo esperaba ahorrar 40 millones de euros.
Esta cantidad se reduciría después a algo más de 20 millones de euros, cuando la Junta consiguió que al menos nueve de las 13 presentaciones farmacéuticas de varios laboratorios que optaron y se alzaron con el primer concurso público de licitación se adaptasen al precio más bajo del mercado y no el precio menor, ajustándose así a la modificación que el Gobierno central había hecho de su Real Decreto Ley RDL 16/2012.
En declaraciones a Europa Press, Montero ha concretado que el levantamiento de esta suspensión cautelar ha sido contra la resolución de Gerencia del SAS que daba luz verde a la primera convocatoria de concurso público de moléculas, no así contra el conjunto del decreto-ley de 13 de diciembre de 2011, que precisamente el Consejo de Ministros acordó el pasado viernes 13 de julio interponer también recurso de inconstitucional.
En cualquier caso, la titular de Salud se ha mostrado convencida de que el dictamen del Constitucional sobre el decreto-ley en su conjunto tendrá un final parecido. "Si el Gobierno solicita la suspensión cautelar del decreto-ley, cosa que no estaría muy justificada en este momento tras el levantamiento ahora de la suspensión de la resolución, entiendo que la razones que el TC ha argumentado para proceder a levantar la suspensión en el primer caso, serán muy similares a las del decreto-ley".
"Nosotros siempre hemos defendido para el levantamiento de la suspensión, que no entra en el fondo de la cuestión, que se producía una lesión de la previsión de ahorro económico en el gasto farmacéutico, que además habíamos llevado incorporado en el Plan de Reequilibrio de la Junta", con el que, además, trataban de ajustarse al objetivo de déficit público marcado por el Gobierno central.
"También hablábamos del perjuicio que se provocaba a las empresas farmacéuticas que habían sido adjudicatarias de las moléculas en subasta, ya que el período de tiempo que transcurriera hasta que se pronunciara finalmente el Constitucional supondría una pérdida para estos laboratorios, por el retraso en la venta de estos productos, la previsión de ventas que ya tenían hecha, y con la inversión previa realizada", ha agregado Montero como motivos de su argumentario.
FARMACÉUTICOS ANDALUCES
Además, ha vuelto a incidir en que, a su juicio, la comunidad "es competente en esta materia". Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, ha señalado en declaraciones a Europa Press que los boticarios andaluces "somos una administrados" en esta cuestión, que no deja de ser "un conflicto de competencias entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central y que tiene que dirimir el Constitucional".
"Sobre lo dicho por el Constitucional poco podemos decir, ya que, como hemos venido manifestado en los últimos meses sobre este asunto, los farmacéuticos andaluces somos meros administrados en este conflicto de competencias", ha insistido Minorasen.
Con todo, ha reconocido que, en la práctica, la subasta de fármacos en Andalucía ya estaba funcionando para esas nueves moléculas, "ya que nosotros teníamos una orden comunicada por parte del gerente del SAS y lo que estábamos haciendo era cumplir esa la orden comunicada que había, entre otras razones, porque no nos quedaba más remedio que acatar la orden de nuestro órgano gestor, que luego fue recurrida por el orden del Gobierno de la Nación".
