MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Consejo General del Trabajo Social (CGTS) se han reunido para pedir una vía de gestión urgente para cubrir las necesidades sociales de pacientes paliativos y solicitar que se elaboren protocolos formales que permitan una atención rápida a los pacientes en cuidados paliativos en situación de urgencia, lo que podría facilitar la atención de las necesidades sociales de estos pacientes en un tiempo adecuado, evitando los meses o años de retraso que hacen que este tipo de ayudas sean ineficientes.
El presidente de la AECC, Ignacio Muñoz, ha señalado que "el paciente al final de la vida no tiene tiempo y tenemos que ser capaces de intervenir de manera urgente y eficaz para cubrir todas sus necesidades sociales". La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana I. Lima, ha ahondado también en la necesidad de la actuación urgente y apunta además que es el Estado quien debe garantizar los derechos de las personas. "El tercer sector hace una labor complementaria encomiable, pero no debería tener que asumir una responsabilidad que corresponde a la Administración Pública, como está pasando".
El estudio realizado por la AECC y el Consejo General de Trabajo Social 'Abordaje desde el Trabajo Social de necesidades sociales de las personas con cáncer al final de la vida y sus familiares', deja patente que el Tercer Sector es el actor principal en la intervención de las necesidades de las personas al final de la vida y sus familias. Así lo señala entre un 27 y un 46 por ciento de las trabajadoras sociales encuestadas, dependiendo de las necesidades. No obstante, según se extrae del mismo, la situación de este colectivo requiere de una intervención urgente y eficaz para cubrir las múltiples necesidades surgidas en estos momentos de vulnerabilidad.
UN ESTUDIO QUE BUSCA LA EFICACIA
El análisis realizado para hacer este estudio se ha dividido en dos fases. Una primera que recoge la percepción de los pacientes de cáncer y sus familiares y una segunda fase, con la identificación de necesidades sociales en pacientes y familiares, por parte de los trabajadores sociales.
Un 45,3 por ciento de los pacientes y familiares participantes en la primera fase del estudio señalaron la necesidad de mayor agilidad en el trámite de la Ley de Dependencia para acceder a los recursos. El 41,5 por ciento apuntó la necesidad de mayor apoyo domiciliario para el cuidado y la realización de las tareas domésticas.
La mayoría de las necesidades sociales identificadas en pacientes al final de la vida y sus familiares por parte de los trabajadores sociales se pueden resumir en acompañamiento al paciente y cuidado a la persona cuidadora, apoyo psicosocial y familiar, y necesidades vinculadas a recursos materiales.
El estudio muestra la necesidad de más formación específica en cuidados paliativos por parte de profesionales. En este sentido, el CGTS reclama que el borrador de acreditación profesional para la atención a cuidados paliativos incluya al Trabajo Social, aún no reconocido como profesionales de la sanidad pese a ser una demanda histórica de la organización.
Por otro lado, el 41 por ciento de los pacientes y familiares identifican como necesidad prioritaria el apoyo domiciliario, que cubren mayoritariamente los Servicios de Asistencia Domiciliaria (SAD) municipales. El problema es que este depende de las partidas presupuestarias que cada ayuntamiento o centro de servicios sociales destine a este fin, lo que convierte este derecho en inestable y sin garantías de cobertura homogénea.
Respecto a la agilidad en la Ley de Dependencia, el 45 por ciento de los profesionales del trabajo social considera que no existe una práctica en su comunidad autónoma que agilice los trámites de la Ley para pacientes al final de la vida. Solo Extremadura cuenta con un protocolo oficial de gestión urgente para pacientes incluidos en el programa regional de cuidados paliativos.
Para Trabajo Social, los principales retos pasan por incrementar los recursos que la Administración Pública destina a los cuidados paliativos, lo que implica incrementar el presupuesto, aumentar la ratio de trabajadoras sociales en los equipos multidisciplinares y el reconocimiento profesional de estas en esta área.
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
El estudio arroja conclusiones como que existen necesidades urgentes en los pacientes al final de su vida y sus familias que requieren vías de acceso urgente a los recursos, tanto de SAD, como todos los contemplados en la Ley de Dependencia. También destaca el papel del Tercer Sector, especialmente significativo en el voluntariado y las ayudas económicas de emergencia. Es importante la coordinación entre entidades y recursos como herramienta fundamental para responder a las necesidades reales, pero importancia de crear cauces oficiales para garantizar la efectividad de la misma.
Asimismo, el estudio recoge la necesidad de mayor dotación de recursos a la Administración, tanto humanos como económicos y la necesidad de apoyos en casa directamente proporcional al aumento de edad. También señala la falta de efectividad de la Ley de Dependencia y sobrecarga de los recursos municipales de ayuda domiciliaria (SAD).
Por otra parte, recalca la incorporación de la figura del trabajador social en las unidades de cuidados paliativos, en línea con lo establecido en la Estrategia Nacional de Cuidados paliativos y el papel incipiente de la mediación, como herramienta en el trabajo familiar, multicultural y de cuidados. También resalta la importancia del papel de la comunidad, como respuesta al nuevo contexto social y por su potencial indudable para ampliar las redes de apoyo.
En España se estima que aproximadamente 215.000 personas necesitan cuidados paliativos, pero el 50 por ciento no está recibiendo esta atención por falta de recursos, lo que significa que cada día 295 personas mueren sin recibir atención paliativa, de las que 148 personas necesitarían esta atención especializada a la que tampoco acceden. A esta situación hay que añadir la falta de equipos multidisciplinares completos que incluyan también a las trabajadoras sociales en el 75 por ciento de los casos.
