GIJÓN, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Colegio de Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez, considera "inviable" que los hospitales de la red pública asturiana ofrezcan la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo ya que "todos los médicos objetan" a dicha práctica.
Así, en relación con el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, Carmen Rodríguez reseñó en declaraciones a Europa Press que "todos los médicos del Servicio de Salud del Principado se acogieron a la objeción de conciencia" y apuntó que actualmente en los hospitales públicos "no se practican abortos".
Por ello, afirmó que en Asturias "difícilmente" se podrá conjugar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo con la objeción de conciencia "tanto moral como ética" de los profesionales ya que "la formación médica se dirige a dar vida y salud, y por encima del derecho de la paciente está el derecho a la vida del niño". Asimismo, respecto a la práctica facultativa de interrupción de embarazos en las clínicas privadas asturianas, Rodríguez comentó que "se trata de médicos distintos".
De este modo, se mostró firme y convencida de la "complejidad" de garantizar la prestación del servicio en la red pública asturiana con la nueva ley y recordó que "se llegó a traer un médico de fuera que durante unos meses lo hizo pero luego se acogió también a la objeción", a la vez que clarificó que "ningún Colegio obliga a los médicos a objetar" sino que se trata de "una decisión en conciencia de los profesionales".
Además, Carmen Rodríguez considera un "error" y una medida "irracional" fijar en los 16 años la edad legal para abortar sin consentimiento paterno. La presidenta del Colegio de Médicos de Asturias argumenta que "si los padres son los responsables de la educación de los menores y a estos no les puede dispensar alcohol ni tabaco, cómo se les va a permitir abortar sin el conocimiento de sus padres que serán los responsables últimos de lo que le ocurra a sus hijos".
En este sentido, entiende que el anteproyecto de ley pretende "hurtar" la responsabilidad a los padres sobre sus hijos en una práctica "que puede tener complicaciones y riesgo para la salud física y psicológica de la menor", a la vez que reiteró su "rechazo total" a la regulación del aborto.
