MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El 70 por ciento de las incapacitaciones en España son de personas con demencia y el 90 por ciento de ellas son totales, según manifestaron representantes del Grupo de Trastornos Cognitivos y de la Conducta de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y de los expertos que han elaborado el 'Documento Sitges 2009', en la presentación del volumen.
La nueva edición del documento, cuya primera edición fue presentada en 2005, tiene como objetivo defender al enfermo de demencia en cualquier situación, analizar su capacidad para tomar decisiones durante la evolución de la enfermedad y fomentar la incapacitación parcial, progresiva y a medida.
La jefa de la sección de Neurología del Hospital vall d'Hebron y directora de la Fundación ACE, la doctora Merce Boada, señaló que uno de los fines de este documento es que el lenguaje médico y jurídico tengan más en común, porque no existen distintos conceptos, sino que no se aplican bien.
"El grupo tiene como prioridad que la demencia no se limite al diagnóstico, sino que trascienda, porque detrás hay más consecuencias y pérdidas de la capacidad cognitiva que provoca la pérdida de autogobierno", destacó y subrayó que "la filosofía que ha guardado el documento es por un lado la autonomía de las personas y, por otro, que incapacitar a una persona es protegerla, y no castigarla ni aislarla de la sociedad".
"Muchas veces los médicos banalizamos las consecuencias que tiene una enfermedad, y nos limitamos al diagnóstico, no decimos en qué funciones cognitivas son las que están afectadas, en qué situación clínica está y cuál su consecuencia funcional", dijo.
"He de realizar una exploración neurológica, he de traducir cuál la implicación que tiene en la vida diaria para el paciente, y he de tener un informador válido capaz, que va a ser el asistente para un acto concreto, que sea el responsable de la medicación y el acompañamiento", añadió.
Asimismo, la experta apuntó que "la demencia no tiene edad, es un concepto clínico que mayoritariamente se atribuye a la población mayor determinada, y una persona que tenga 54 años, por ejemplo, ha de tener todos los beneficios que el estado democrático ha de facilitar".
DOCUMENTO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS
Por su parte, la magistrada del Juzgado de Capacidad Nº40 de Barcelona, Silvia Ventura, señaló que "para los jueces este documento es la herramienta para hacer el traje a medida. Por muy mal que esté esa persona, podrá decidir asuntos como dónde quiere vivir, esa parcela es la que hay que proteger", destacó.
En este sentido, destacó que con el Documento de Voluntades Anticipadas, o testamento vital, la persona decide quién tomará las decisiones y quién cuidará de ella. En este sentido, apuntó que el hecho de que el 90 por ciento de las sentencias que se dictan declaran la incapacidad total de la persona significa que la persona no podrá decidir nada por sí misma, una situación que la experta considera "injusta".
Por ello, los expertos que han participado en este documento abogan por una incapacitación parcial, progresiva y a la medida, en función de la situación de la persona, para garantizar el respeto y proteger su autonomía.
"El juicio de incapacidad es un juicio que diagnóstico y personal, pero también circunstancial, porque la situación de cada persona indica un nivel de protección mayor", indicó. Por ello, para alcanzar las incapacidades graduales los expertos proponen que se realice un informe médico que exponga las condiciones en las que vive la persona.
Según señalan los especialistas, actualmente no hay un conocimiento suficiente acerca de los procedimientos de incapacitación y los derechos legales. "En muchos casos la información es errónea y se cree que la incapacitación sirve para conseguir un aumento de la pensión o una plaza residencial", apuntó Ventura.
