VALENCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a la conselleria de Sanidad a indemnizar con 15.000 euros a una paciente a la que tardaron tres años en diagnosticar el tipo de diabetes que padecía. La sala estima así parcialmente el recurso interpuesto por la afectada contra la resolución del conseller, que fijó una indemnización en 300 euros.
La paciente, de 54 años en el momento de la reclamación, presentó un recurso contra la decisión del conseller de rechazar que hubiera una relación de causalidad entre la prescripción de un antiinflamatorio y el error de diagnóstico y la diabetes que padecía, y la indemnización que fijó en 300 euros.
La mujer pedía 180.303 euros de indemnización por la prescripción del fármaco y subsidiariamente 48.760 como valoración del daño por el tiempo de tratamiento con mala adaptación. Sin embargo, la administración rechazaba esta relación de causalidad ya que según dos dictámenes médicos emitidos en este caso, "en ningún caso" la diabetes padecida por la paciente, era secundaria a la administración en 1994 de antiinflamatorios por lo que no era "lógico" considerarla como una secuela.
En la sentencia, la sala ha decidido dar la razón a la administración porque otorga mayor credibilidad a sus informes que a los de la demandante ya que sostiene que están "suficientemente razonados" y provienen de personal facultativo "con mayor especialización".
No obstante, señala que es un hecho reconocido por la propia conselleria que hubo un diagnóstico "tardío" del tipo de diabetes, imputable a los médicos al servicio de la Generalitat "que no percibieron en abril de 1996 que la paciente padecía diabetes tipo Lada ni realizaron ninguna prueba médica al respecto para haber llegado al diagnóstico certero".
Sin embargo, subraya que esto no significa ser el causante de las secuelas ni de las bajas laborales sufridas por la actora sino que son el resultado de la propia enfermedad. En este sentido, la sala deja en 9.000 euros el derecho de la paciente a ser indemnizada por las "innegables molestias y perjuicios sufridos" durante los tres años en los que se demoró el diagnóstico, a los que se sumarán otros 6.000 de intereses.
