3 de septiembre de 2012

UGT estudia vías posibles para defender a los profesionales sanitarios que quieran atender a 'sin papeles'

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT va a estudiar posibles vías de defensa para sacar a los profesionales sanitarios de la situación de indefensión jurídica que les provoca el nuevo sistema de aseguramiento del Sistema Nacional de Salud (SNS), por el que los inmigrantes en situación irregular han perdido su derecho a la tarjeta sanitaria.

Según ha destacado la secretaria de Salud, Sociosanitario y Dependencia del sindicato, Pilar Navarro, los sanitarios se encuentran con una situación "esquizofrénica", ya que "entran en contradicción su código deontológico, por el que debe prestar ayuda, y la norma legal recién aprobada".

No obstante, Navarro ha argumentado que la Constitución Española reconoce expresamente el derecho a la protección de la salud en su artículo 43, configurándose como un derecho de la persona, aunado al derecho fundamental a la vida y a la integridad física, recogido en el artículo 15 de la misma Carta Magna, lo que hace que la salud sea "un bien social tutelado por el Estado que exige de los poderes públicos actuaciones para su protección".

Además, la sentencia del Tribunal Constitucional 95/2000, de 10 de abril, considera que el mantenimiento del sistema público de Seguridad Social (art.41 CE), así como el reconocimiento del derecho a la salud (art.43 CE) y la consiguiente obligación de los poderes públicos de organizarla y tutelarla mediante las prestaciones y los servicios necesarios (art. 43CE), se contienen en el Título I de la Constitución y por tanto de acuerdo con la previsión de su artículo 13.1, los extranjeros tendrán derecho a beneficiarse de la asistencia sanitaria en las condiciones establecidas por las normas correspondientes.

Por otro lado, el sindicato ha reiterado su posición contraria a los convenios especiales de prestación por asistencia sanitaria a extranjeros en situación administrativa irregular propuestos por el Ministerio de Sanidad, ya que suponen una "violación de un derecho básico y una dejación de funciones por parte de las administraciones", que "ponen en riesgo la salud de las personas y de la salud pública general".

Asimismo, UGT entiende que es "un claro ejemplo del afán recaudatorio del Gobierno" que "condenará a la total desatención a miles de personas".