MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT considera que eliminar la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares supone un ataque a los Derechos Humanos y considera intolerable que el Gobierno vincule a la población extranjera con el abuso o uso fraudulento de la Sanidad para justificar este "atropello social".
De esta forma, el sindicato rechaza la supresión de este "derecho básico y fundamental" a los extranjeros en situación irregular, ya que rompe con el principio de universalidad garantizado hasta ahora por la Ley de Extranjería.
Asimismo, considera que el Gobierno "tergiversa" un informe del Tribunal de Cuentas, en sus contenidos y conclusiones, para buscar 'argumentos' a la modificación del modelo de atención sanitaria. "El Gobierno interpreta a su manera el informe del Tribunal de Cuentas al que se refiere el RD ley de marzo", sostiene UGT, a la vez que aclara que el Tribunal de Cuentas no cuestiona la universalidad del sistema.
De esta manera, explica que las disfunciones de distintos organismos de la Administración española a las que se refiere el texto se solventarían reclamando el coste de la asistencia prestada a extranjeros residentes o desplazados a España temporalmente a los países en los que éstos están asegurados y que aplican los reglamentos comunitarios.
Todo ello posibilita, señala, que los extranjeros en situación irregular no se puedan beneficiar de la prevención y de la detección temprana de enfermedades y de la violencia de genero. "La salud publica requiere que toda la población, toda, tenga la posibilidad de acceder a la protección de la salud", insiste.
Con todo, el sindicato se pregunta cómo puede la atención a estas personas poner en riesgo el SNS y cómo se puede justificar en base a ésto, el recorte de la prestación sanitaria del conjunto de la población.
Por último, en relación al anuncio del Ministerio de que la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares sea cubierta por las ONGs, sostiene que este hecho supone "la sustitución del derecho por la suerte de que se sea beneficiario de la caridad". "Nos retrotrae a un sistema paralelo asistencial donde los poderes públicos hacen dejación de su responsabilidad", concluye.
