MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha fallado contra la organización Abogados Cristianos dando la razón a la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) y legitimando la publicidad de los centros sanitarios de IVE,
Belladona y Buenavista.
Y es que, según ha informado ACAI, el juez considera que la Asociación de Abogados Cristianos "carece de legitimación activa" para la interposición del recurso, ya que no ostenta derecho subjetivo ni interés legítimo alguno en el asunto" de conformidad con lo establecido en el artículo 19.1 a) de la Ley jurisdiccional.
En el mismo sentido que el Tribunal Superior de Justicia, se pronunció en su momento el Juzgado de Primera Instancia de lo Mercantil de Gijón, quien también consideró que ni la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE ni la Asociación de Abogados Cristianos eran sujetos empresariales y que, por tanto, "no era posible la competencia leal o desleal entre ambas entidades", careciendo, en consecuencia, de legitimidad la Asociación de Abogados Cristianos para iniciar sus acciones judiciales contra ACAI.
Este lunes, ACAI informó de que va a recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) el fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo que le ha condenado, tras una denuncia de Abogados Cristianos, por mentir a las mujeres sobre los riesgos del aborto. En este sentido, la organización ha reiterado que "no desarrolla ninguna actividad empresarial", sino que es una asociación sin ánimo de lucro, integrada por profesionales del aborto y la contracepción, cuyos objetivos pasan por la mejora continuada de la prestación sanitaria de aborto provocado y la atención integral a la mujer en todos y cada uno de los aspectos de su salud sexual y reproductiva.
"En consecuencia, y dado que no realizamos actividades mercantiles ni empresariales, no podemos enmarcar nuestras acciones ni la difusión de la información que producimos, en el ámbito de la competencia leal o desleal. Una vez más, queremos mostrar nuestra perplejidad cuando se requiere que poco menos se proceda a la divulgación, en las páginas web de los centros de IVE, de los consentimientos informados que se dan a las pacientes cuando van a ser intervenidas; difícil de comprender porque tales exigencias no se solicitan a ningún otro centro médico o sanitario de este país", ha dicho.
Finalmente, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil,asociaciones de mujeres y a administraciones para que se posicionen y defiendan la prestación sanitaria de aborto provocado, "frente a los intentos de aquellos que buscan el desmantelamiento de este recurso médico". "De conseguir su objetivo, las mujeres no solo perderán un derecho que debería estar consolidado, sino que se generará un grave problema de salud pública, volviendo a ser el aborto la práctica insegura y clandestina que estos grupos buscan que vuelva a ser", ha zanjado.
