MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas detecta irregularidades en todas las Fundaciones fiscalizadas por el Instituto de Salud Carlos III, desde 1999 hasta 2002, relativas a la "desigual y parcial" aplicación de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en materia contractual. En concreto, la entidad que registró un mayor número de deficiencias fue la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), según un informe presentado hoy en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en el Congreso.
Este informe de fiscalización sobre la contratación celebrada por las Fundaciones del Sector Público Estatal constituidas por el Instituto de Salud Carlos III entre los ejercicios de 1999 y 2002 concluye que todas las Fundaciones fiscalizadas durante ese periodo sufren irregularidades relativas a la falta de acomodación, incorrecta trasposición de las directivas comunitarias en materia de contratación pública o de la normativa española sobre contratación administrativa.
Así, el Tribunal recomienda al Gobierno y a cada uno de los patronatos de las Fundaciones fiscalizadas la mejora de la gestión económico-financiera de estas entidades en el específico ámbito de su actuación contractual. En este sentido, sería conveniente iniciar las actuaciones oportunas tendentes a modificar la redacción del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en lo relativo a su ámbito de aplicación, para incluir en él todas las entidades de derecho público o privado que reúnan los requisitos exigidos por las directivas comunitarias, explicó el presidente del Tribunal, Ubaldo Nieto.
Según Nieto, "donde haya un interés público en las Fundaciones --sean de derecho público o privado-- deben sujetarse a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad en materia contractual".
En concreto, la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) ha sido la entidad en la que se han detectado un mayor número de "deficiencias" en especial en los contratos celebrados para la prestación de servicios de asesoramiento científico al patronato de la misma. Particularmente, se observan imprecisiones de redacción e incumplimientos del clausulado del patronato con su consultor ejecutivo, que han permitido a su titular ejercer las funciones propias de director general de la misma, así como incumplir su obligación de asistir a las reuniones del patronato.
Asimismo, el informe denuncia irregularidades en la incorporación y posterior desarrollo de sus funciones dentro de esta Fundación por parte de su coordinador científico --contratado a través de la Universidad de Valencia-- que ha venido desempeñando las labores propias de un gerente.
En este ámbito, el Tribunal aconseja al patronato de la Fundación CNIC supervisar la regularización de las cantidades indebidamente abonadas a su consultor ejecutivo y culminar el proceso ya iniciado encaminado a dotar a la Fundación de la necesaria y adecuada estructura interna y organizativa.
CAMBIOS POR NORMATIVAS COMUNITARIAS
Por su parte, la diputada del Grupo Popular en el Congreso, Elvira Rodríguez, resaltó que dicho informe pone de manifiesto que "bastantes de las irregularidades detectadas actualmente ya han sido corregidas", y criticó que la mayor parte de creaciones de patronatos de dichas fundaciones coincidieron con "cambios en los responsables del Ministerio de Sanidad". Asimismo, señaló que el análisis habla de una mejora en los procedimientos a partir de mediados del año 2002, cuando las Fundaciones llegan a un cierto grado de madurez.
En cualquier caso, Rodríguez insistió en que "la creación de estas Fundaciones refleja la expresión de la apuesta por la investigación de excelencia durante la anterior legislatura" que, a su juicio, supuso "una apuesta valiente" en dos campos de investigación sanitaria básicos para la salud de los ciudadanos (cáncer y enfermedades cardiacas).
Por otra parte, el diputado del Grupo Socialista, Agustín Turiel, criticó que "en la creación de estas Fundaciones se pretendía eludir la consideración de organismos públicos para eludir la normativa comunitaria de contratación pública". Existe un requerimiento comunitario que hace necesaria la modificación de estas leyes que hacen que sea un organismo público, lo que obligó a actuar de una manera distinta, señaló.
