La decisión judicial confirma la suspensión cautelar del precepto y abre un plazo de alegaciones a las partes
MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional (TC) admitió hoy a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra el artículo 14.1 de la Ley del Parlament del 25/2006 de medidas tributarias y administrativas, que modifica la Ley 11/2001 de ordenación de la actividad turística por la que se permite a los comercios turísticos comercializar y consumir tabaco en su interior.
El recurso fue interpuesto al no poder alcanzar un acuerdo la Administración central y autonómica sobre la modificación y retirada del citado artículo, y que motivó que el Ministerio de Administraciones Públicas emprendiera la acción judicial
La admisión a trámite emitida por el Tribunal Constitucional, y a la que tuvo acceso Europa Press, confirma la suspensión cautelar del precepto recurrido por la Abogacía del Estado a instancias del Gobierno central, y que se interpuso al entender que esta normativa autonómica vulneraba el espíritu de la Ley estatal.
A partir de la admisión del recurso de inconstitucionalidad, planteado el 1 de octubre de este año, según el mandato emitido por el Consejo de Ministros, el Alto Tribunal habilita un periodo de quince días para que puedan plantearse alegaciones por parte del Govern balear y la Asamblea autonómica, así como a las Cortes Generales.
Recientemente, el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, pidió a las Comunidades Autónomas en las que se había recurrido por parte del Gobierno articulados que contradecían la Ley Antitabaco, que no recurrieran el fallo de los tribunales.
Soria realizó estas declaraciones en referencia a la anulación decretada por el Tribunal Superior de Justicia de la Rioja de seis puntos concretos del Decreto Autonómico de la región relativos a la separación de zonas de humo.
Además, recientemente el Ministerio decidió no suscribir los convenios para destinar ayudas para financiar planes de prevención del Tabaquismo con Baleares Madrid, Comunidad Valenciana o Castilla y León, al entender que no se podía invertir para el desarrollo de una ley que los ejecutivos autonómicos no respetaban.
