Sólo 35 centros penitenciarios de los 66 existentes cuentan con servicios farmacéuticos regularizados

La SEFH ha reclamado la "plena legalización de la farmacia especializada en el ámbito penitenciario" y la contratación de profesionales.

Sólo 35 centros penitenciarios de los 66 existentes cuentan con servicios farmacéuticos regularizados
27 de septiembre de 2018 SEFH

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Únicamente 35 centros penitenciarios de los 66 existentes en España, sin contar los transferidos a País Vasco y Cataluña, cuentan con un servicio farmacéutico regularizado, lo que mantiene "fuera de la legalidad a centros que adquieren, dispensan y administran medicamentos a pacientes con total ausencia de control farmacéutico", según ha informado el asesor jurídico de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Xosé Manuel Rey.

"Pero en todos se presta atención farmacéutica, en todos hay pacientes en todos se dispensan medicamentos y en todos se dan tratamientos". Así se ha expresado Rey durante la celebración de la 'I Jornada Nacional de Farmacia Penitenciaria', organizada por la SEFH, en la que ha añadido que "el Ministerio del Interior, así como algunos almacenes de ditribución y laboratorios siguen infringiendo la Ley de Garantías y el Real Decreto de Distribución de medicamentos en el ámbito penitenciario".

La Ley de Garantías del Real Decreto Legislativo 1/2015, el texto vigente, establece, entre otras, las funciones de la farmacia penitenciaria, ha explicado Rey. Destacan "asumir la responsabilidad técnica de la adquisición, calidad, correcta conservación, cobertura de las necesidades, custodia o preparación de fórmulas, de todos los tratamientos que se realicen dentro del centro". Estas competencias, según Rey, sólo son de los farmacéuticos y no pueden atribuirse a "la Enfermería o a un departamento administrativo".

Por otra parte, la Ley General de Sanidad y el Reglamento Penitenciario garantizan que los internos deben recibir una atención sanitaria integral, pero en igualdad de condiciones que la población externa.

El artículo 111 de la Ley de Garantías establece diversas infracciones que conllevan sanciones para determinados supuestos que, según ha manifestado el asesor jurídico de la SEFH, "se están dando". Por ejemplo, "elaborar, fabricar, dispensar o distribuir medicamentos a personas físicas o jurídicas que no cuentan con la preceptiva autorización" o "suministrar, adquirir o vender medicamentos a entidades no autorizadas".

Rey ha calificado de infracción, asimismo, que la oficina de farmacia "sin la presencia del responsable, que tampoco es una cuestión menor porque tenemos algún caso de servicios de farmacia sin farmacéuticos". "Si en la calle esto pasa no puede funcionar, y en centros penitenciarios esto ocurre", ha lamentado el experto.

En general, "la realidad del modelo español es variopinta", ha indicado el experto. "Hay hospitales psiquiátricos, dos, con farmacia legal; centros penitenciarios con servicio de farmacia legal y otros ilegales, atendidos por enfermería porque no hay farmacéutico. Otros no se sabe muy bien cómo están atendidos, porque cuando preguntas resulta que es el personal administrativo el que dispensa. También hay legales sin farmacéuticos, porque éste puede cesar y el servicio sigue pero sin estar atendido por uno", ha explicado el asesor jurídico de la SEFH.

Farmacia penitenciaria "por su estructura de organización funciona con consultas a demanda y programas urgentes, es similar a Atención Primaria (AP). Pero existe una gran demanda de atención psiquiátrica, elevada prevalencia de patologías infecciosas, programas sustitutivos de opiáceos, programas de prevención de tuberculosis, VIH y hepatitis, con lo que se genera un carácter híbrido entre farmacia de hospital y AP", ha explicado Rey.

Sin embargo, "esto es fácil de solucionar", según el experto de la SEFH, por lo que desde la organización han reclamado la "plena legalización de la farmacia especializada en el ámbito penitenciario" y la contratación de profesionales farmacéuticos para atender estos servicios de farmacia, lo que revertiría en, precisamente, el aumento de legalización.

Por su parte, la miembro de la subdirección general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, María Soledad Díaz-Maroto, ha indicado que desde el organismo consideran que "es fundamental y urgente restablecer los cauces de comunicación con las comunidades autónomas para establecer criterios necesarios para organizar los servicios de farmacia y los depósitos de medicamentos".

"A nivel interno, consideramos que nuestra Administración debe aplicar canales para contratar farmacéuticos y que es fundamental que refuercen el personal sanitario y administrativo de apoyo de los servicios de farmacia", ha continuado Díaz-Maroto, porque no "es suficiente un farmacéutico".

La creación de estas redes "podrá garantizar una utilización segura y efectiva de los medicamentos, mejorar nuestra calidad asistencial y reducir el gasto farmacéutico", ha concluido la experta.