MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha anunciado que presentará un procedimiento contencioso-administrativo ante los Tribunales de Justicia contra el Ministerio de Sanidad, de publicarse el nuevo Real Decreto de Troncalidad y Nuevas Especialidades, ya que excluye la Medicina de Urgencias y Emergencias como especialidad.
Esta decisión ha sido tomada "de forma unánime" por el Consejo de Dirección de SEMES, que agrupa a todos los presidentes de todas las comunidades autónomas y a la Junta Directiva, teniendo en cuenta, entre otras razones, que el RD "supone un atentado grave contra el esfuerzo diario, el derecho y la implicación de los urgenciólogos, que constituyen el segundo colectivo médico en número de España".
Asimismo, al igual que han manifestado el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y otras Especialidades Médicas, afirman que "este RD no es necesario para el Sistema Sanitario", ya que "va en contra de la legislación del espacio europeo de educación superior; del periodo necesario de formación específica de no pocas especialidades médico-quirúrgicas; y no está avalado por ningún estudio".
Además, respecto a su implantación, explican que aleja a los médicos españoles "de la convergencia con el resto de países del entorno", y "supone unos costes importantes que ni sus posibilidades ni sus fines pueden justificar, y menos en el momento actual".
En cuanto a la Especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias (MUE), que lleva años solicitando, destacan que dejarles fuera "deja en inferioridad administrativa en el trabajo diario a los Servicios de Urgencias y Emergencias, con respecto del resto de servicios del dispositivo sanitario"." Eso será, como ya ha ocurrido anteriormente, fuente continua de conflictos y pone en serio riesgo la gestión de los mismos", añade.
Por otro lado, teniendo en cuenta que, en unos meses hay elecciones al Parlamento Europeo, Con este Proyecto, "cerca de 15.000 urgenciólogos quedarán excluidos de la posibilidad de poder transitar libremente, con su titulación no reconocida fuera de España, al no ser reconocida en su propio país, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países de la Unión Europea (UE) y resto de países desarrollados, en un momento y perspectiva de aumento del paro médico en España".
"Esto va en contra de la libre circulación de personas, bienes y servicios, que está en la esencia de la Unión Europea y es clave para potenciar el crecimiento económico y reforzar la confianza de profesionales y ciudadanos; en contra de lo anunciado en intención y estrategia por el propio Presidente del Gobierno desde el inicio de la legislatura; y en contra de lo defendido históricamente por el Partido Popular", advierte.
SEMES explica que sus reclamaciones vienen a "garantizar legalmente" la protección de la salud y la seguridad de la atención dispensada a los pacientes, "instando a la adecuada y homogénea formación de los profesionales en estos Servicios". Asimismo, "la propuesta recogida en la redacción actual es mucho más costosa que crear la especialidad", advierte.
"Un cambio tan radical en la formación especializada como el que se pretende mediante este RD y que se plantea para los siguientes 30 años, es inexcusable orientarlo en consonancia con toda la política del Gobierno de la Nación en el sentido de converger en legislación con el resto de países de la UE. Se legisla hoy para el desarrollo futuro", añade.
A su juicio, pone en manos de determinados Grupos, al margen del trabajo cotidiano en estos Servicios, la acreditación de estos profesionales; y no se tiene en cuenta que los Servicios de Urgencias y Emergencias son una realidad administrativa ya consolidada en España, y forman parte de nuestro Sistema Sanitario.
"No hay que crear nada. Sin embargo este Proyecto condenará de facto la viabilidad futura de estos Servicios, ya que los profesionales formados con la propuesta del Ministerio se incorporarán al mercado de trabajo a edades tardías", afirma.
Por todo esto, y teniendo en cuenta que llevan más de 25 años reclamando una formación reglada, "acorde con las tendencias internacionales, con tenacidad y paciencia, y siguiendo los cauces legales", manifiesta su intención de conseguirlo legítimamente," si es necesario, la vía de los Tribunales de Justicia".
"No se solicita ni más dinero ni más plantillas. Sólo que estos profesionales puedan elegir libremente su mercado de trabajo, en condiciones de igualdad de formación con sus homólogos de otros países, en un mundo global presente y futuro que así lo exige", concluye.
