MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha remitido varios escritos a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, y al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para denunciar la "indefensión" e "inseguridad jurídica" de los enfermeros porque "no saben a qué vía judicial acudir cuando interponen demandas laborales". Así, reclama al Gobierno que reconozca la vía de lo Social como instancia adecuada para dirimir las demandas laborales del colectivo.
Esta iniciativa de SATSE se produce después de que en diciembre el Tribunal Supremo reconociera en una sentencia la "incompetencia" del orden de lo Social para conocer los litigios que mantenga el personal estatutario sanitario con su empleador desde la aprobación del Estatuto Marco en 2003, determinando que los competentes en este ámbito son los juzgados y tribunales del Orden Contencioso-administrativo.
Sin embargo, el Sindicato de Enfermería pide el cumplimiento de la Ley 55/2003 de Estatuto Marco, "que reconoce la vía Social como la instancia adecuada para la resolución de los casos del personal estatutario" y alerta de los "negativos efectos" que la actual situación está produciendo al personal estatutario.
En sus escritos, la organización sindical expone "el desorden existente en la Administración judicial entre la vía Social y la Contencioso-Administrativo, en la resolución de las demandas interpuestas por estos profesionales sanitarios con nombramiento de personal estatutario".
Además, critica que dos años después de la entrada en vigor de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco, "que reconoce la instancia Social como la vía adecuada para la resolución de las demandas interpuestas por los profesionales estatutarios, siga existiendo esta descoordinación en la Administración de Justicia a la hora de dictar sentencias" sobre sus reclamaciones.
Según SATSE, el conflicto entre la vía Social y la Contecioso-Administrativa "origina situaciones de desigualdad ante la Ley, ya que unos mismos hechos se enjuician de diferente forma ante distintas jurisdicciones", así como "situaciones de indefensión e inseguridad jurídica", por lo que no entiende "cómo ninguna autoridad ha adoptado medida de cualquier tipo que ponga fin a esta situación".
Por último, reclama al Gobierno que se pronuncie sobre este asunto para solventar el conflicto, y al Defensor del Pueblo amparo y la adopción "de cuantas medidas considere oportunas para garantizar el Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, para todo el personal estatutario de la Seguridad Social".
