MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) han firmado un acuerdo para la realización de un estudio epidemiológico que investigue la posible incidencia de la exposición a las radiaciones ionizantes sobre la salud de la población, medida en términos de los casos de mortalidad por cáncer, en más de 500 municipios, incluyendo todos aquellos en los que están localizadas las instalaciones nucleares. El estudio tendrá un coste aproximado de entre 800.000 y un millón de euros, según informaron a Europa Press fuentes del sector nuclear.
El CSN indicó hoy que el nuevo estudio complementa otros anteriores e incluirá también el análisis de zonas en las que no existen instalaciones nucleares pero en las que se producen diferentes niveles de exposición de la población a radiaciones ionizantes de origen natural, de forma que sea posible hacer comparaciones.
Además de responder a una demanda social suscitada en comunidades cercanas a las nucleares y en asociaciones ecologistas, el estudio -cuyo informe final será entregado en febrero de 2009- da cumplimiento a un mandato parlamentario aprobado por el Congreso en noviembre de 2005 a propuesta del PSOE e Izquierda Verde para llevar a cabo una investigación cuyo principal objetivo será determinar si existe especial incidencia del cáncer en poblaciones cercanas a las centrales nucleares.
Como parte de la proposición no de ley aprobada por el Congreso, se constituirá además un Consejo Consultivo en el que, junto a las instituciones promotoras participarán representantes de las Comunidades Autónomas, especialistas independientes, sociedades ecologistas y otras entidades con intereses legítimos relaciones con la presencia de estas instalaciones.
Fuentes del sector señalaron que para la llevar a cabo esta investigación epidemiológica, cuyos primeros resultados se conocerán previsiblemente antes de fin de año (aunque no se tendrán conclusiones definitivas antes de un año y medio), el CSN aportará recursos económicos y técnicos, así como las muestras de sus bases de datos sobre mediciones radiológicas ambientales de aguas, tierra o vientos, entre otros elementos.
En concreto, las centrales nucleares españolas disponen de datos sobre miles de muestras analizadas por diferentes laboratorios que las recogen con el fin de corregir cualquier situación anómala que pueda darse. Estas muestras son recogidas en el marco de los llamados planes de vigilancia radiológica ambiental (PVRAS), aunque también se llevan a cabo planes de vigilancia radiológica ambiental independientes (PVRAIN), que contemplan la recolección de "muestras ciegas" para verificar que no se cometen errores el trabajo desarrollado en los PVRA.
Uno de los motivos que llevó al Congreso a impulsar esta investigación fue la necesidad de actualizar los datos de estudios anteriores, como el realizado por el Centro Nacional de Epidemiología en 1996, que indicaban la posibilidad de un aumento de riesgo de algunos tumores en estas zonas. No obstante, las fuentes consultadas destacan que los datos obtenidos entonces pueden estar sesgados, ya que no se determinaron exactamente las causas del incremento del riesgo y hacen un llamamiento a la cautela dada la delicadeza de esta cuestión.
