MADRID, 14 Oct. (INFOSALUS) -
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunciaba este miércoles que más de 200.000 españoles han depositado ya sus instrucciones de última voluntad en el Registro Nacional de Instrucciones Previas, de modo que ya han decidido sobre aquellos cuidados que desean recibir en situación de gravedad, cuando su estado impida expresarlas personalmente y ejercer, por tanto su derecho de autonomía personal.
Este tramite, que es también conocido como declaración vital anticipada, testamento vital, documento de voluntades anticipadas, expresión de la voluntad con carácter previo, expresión anticipada de voluntades, documento de voluntades vitales anticipadas y documento de instrucciones previas, constituye máxima expresión del respeto a la autonomía de las personas.
No solo permite al paciente influir en las futuras decisiones asistenciales, sino que facilita a los profesionales de la salud la toma de decisiones respetuosas con la voluntad del enfermo cuando este no tiene ya capacidad para decidir por sí mismo.
El ministerio de Sanidad ha elaborado un documento donde responde las dudas más frecuentes sobre este documento:
- ¿Quién puede realizar una instrucción previa?
Cualquier persona mayor de edad, capaz y libre, puede manifestar anticipadamente su voluntad con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o sobre el destino, una vez llegado el momento, de su cuerpo o sus órganos.
Si decide realizarlo, es conveniente que hable con su médico y sus familiares o allegados para que conozcan sus preferencias al respecto.
- ¿Se llama igual en todas las comunidades autónomas?
No. Algunas comunidades autónomas han elegido una denominación, distinta: documento de voluntades anticipadas, manifestaciones anticipadas de voluntad, declaración de voluntad vital anticipada, voluntades previas y expresión anticipada de voluntades pero, independientemente de su denominación, todas se refieren a la misma circunstancia.
- ¿Cuál es la finalidad del Registro Nacional?
Posibilitar el conocimiento en todo el territorio nacional de las instrucciones previas otorgadas por los ciudadanos, que hayan sido formalizadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de las comunidades autónomas.
El Registro Nacional es el depositario de las instrucciones previas remitidas por los registros autonómicos. Está adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.
- ¿Dónde puedo presentar el documento de instrucciones previas?
En los registros correspondientes de las comunidades autónomas. La Consejería de Sanidad le informará sobre su registro autonómico.
- ¿En que casos se consultará mi declaración?
El equipo sanitario consultará la declaración en aquellos casos en que la persona se encuentre en una situación que le impida expresar personalmente su voluntad. Mientras conserve su capacidad y posibilidad de expresarse, prevalecerá su voluntad sobre lo escrito en el documento.
- ¿Cuál es el papel de los familiares en el momento de hacer valer el documento de instrucciones previas?
El documento de instrucciones previas prevalece sobre la opinión de los familiares. No obstante, el otorgante puede designar a un familiar como representante. El representante será el interlocutor ante el médico responsable o el equipo sanitario, para ayudar a interpretar, en su caso, las instrucciones contenidas en el documento.
- Si ya he otorgado documento de instrucciones previas y posteriormente cambio de opinión, ¿que debo hacer?
En cualquier momento puede sustituir, modificar o revocar sus instrucciones previas en cualquier registro autonómico, prevaleciendo siempre el último documento legalmente otorgado.
- ¿Está asegurada la confidencialidad de la información contenida en el documento de instrucciones previas en el Registro Nacional?
Sí, los datos del Registro Nacional tienen asegurada la confidencialidad y sólo pueden acceder a ellos, previa identificación, personas autorizadas por las autoridades sanitarias. El sistema garantiza la identificación de la persona destinataria de la información y la integridad de las comunicaciones.
Además, las personas que, por razón de su cargo u oficio, accedan a cualquiera de los datos del Registro Nacional están sujetas al deber de guardar secreto.
