Denuncia que la norma plantea problemas de seguridad jurídica para el ejercicio de la profesión de enfermería en Euskadi
VITORIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno vasco ha autorizado este martes la interposición de recurso ante el tribunal contencioso-administrativo del decreto que regula el uso, autorización e indicación de medicamentos por parte los profesionales de enfermería, al entender que la norma "contradice la práctica habitual, la coordinación entre profesionales de la medicina y enfermería, y plantea problemas de seguridad jurídica" para ejercer la enfermería en Euskadi.
Además, el Gobierno vasco recuerda al Ejecutivo central que Euskadi tiene competencias propias en el ámbito sanitario, y que "ha modificado un texto legal pactado sin haberlo negociado con instituciones competentes, ni profesionales del sector".
En concreto, el Gobierno denuncia que el artículo 3.2 de esta norma, impone un nuevo control médico de diagnóstico, previo y obligatorio, para que los profesionales de la enfermería puedan prescribir medicamentos.
"Es una tutela que contradice la actual práctica pactada y coordinada entre profesionales de la medicina y la enfermería y que ha permitido hasta la fecha que las enfermeras y enfermeros pudieran prescribir ciertos medicamentos, por ejemplo, durante las campañas de vacunación de la gripe", ha defendido.
Asimismo, ha criticado que, con este real decreto, el Gobierno central "somete a los profesionales de la enfermería a un control y tutela que cercena su autonomía y sus competencias, contradice la práctica habitual y la coordinación entre profesionales de la medicina y enfermería, y que plantea problemas de seguridad jurídica para la práctica de la profesión".
También ha afirmado que esta norma "afecta a las competencias que Euskadi tiene en el ámbito sanitario" y cree que "las deficiencias de carácter formal en las que ha incurrido el Gobierno español en la aprobación de este real decreto, podrían suponer incluso su nulidad porque se ha aprobado rompiendo un pacto y sin negociación con el resto de instituciones con competencias en materia sanitaria ni las personas profesionales afectadas por la medida". "Ni siquiera ha sido sometida a consideración y dictamen del Consejo de Estado", ha insistido.
Por todo ello, el Gobierno vasco ha anunciado que recurrirá la norma y solicitará su suspensión cautelar "porque su aplicación puede acarrear daños de difícil o imposible reparación en Osakidetza".
