MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
Debido al creciente número de agresiones entre los profesionales sanitarios, que hace unos días se materializó en la muerte por disparos de un médico de Primaria, el Partido Popular insta a Sanidad a presentar un plan de seguridad en el Consejo Interterritorial.
Para ello, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado ante el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, en la que insiste en que, para prevenir este tipo de situaciones, se necesita no sólo la implicación de la Justicia sino también la del propio Sistema Nacional de Salud (SNS).
"Reducir las agresiones a los profesionales sanitarios exige, además de acciones en el ámbito jurídico, que el Sistema Nacional de Salud tome conciencia de la dimensión de este problema y ponga en marcha medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus profesionales", solicitan desde el PP.
En este sentido, ponen como ejemplo las medidas adoptadas por las comunidades de Andalucía, Madrid o Murcia, mediante las que se ha dotado a los profesionales de la formación necesaria para minimizar las posibles agresiones.
Los populares destacan también el apoyo psicológico y el asesoramiento jurídico prestado a los sanitarios de las citadas regiones de España, así como el incremento de los efectivos de seguridad en los centros sanitarios.
En una encuesta realizada en el mes de octubre sobre 2.843 facultativos del SNS, el 68 por ciento de los médicos aseguraba haber sido víctima de agresiones, amenazas, o coacción por parte de sus pacientes, de las que el 3 por ciento fueron episodios de violencia física.
ACCIONES JURÍDICAS HASTA LA FECHA
En 2009, el Fiscal General del Estado, envió un comunicado a todas las Fiscalías del país en el que definía las premisas bajo las que una agresión en el ámbito sanitario podría ser tipificada como delito de atentado contra funcionario público, de acuerdo con el artículo 550 del Código Penal.
Como consecuencia de dicha circular, las consejerías de Sanidad de las distintas comunidades autónomas han ido cerrando acuerdos con sus respectivas Fiscalías. Así, en los últimos meses, se han producido numerosas sentencias que tratan la agresión como delito, y no como falta, lo que conlleva penas de prisión de hasta tres años.
