MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
Podemos exige al nuevo Gobierno del cambio que quiere conformar el líder socialista Pedro Sánchez seis medidas en materia sanitaria entre las que incluyen la derogación de la reforma sanitaria que impulsó el PP en la última legislatura, el acceso universal a la tarjeta sanitaria, eliminar copagos y aumentar el gasto sanitario público para que en dos años sea similar al que había en 2009.
En el documento 'Un país para la gente. Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías' que se ha presentado este lunes, el partido de Pablo Iglesias critica los recortes del gasto sanitario que se han producido en los últimos seis años y, por ello, propone que el nuevo Ejecutivo se comprometa a "garantizar la calidad y universalidad" del sistema sanitario.
Además, entre los quince ministerios que plantean proponen un Ministerio de Salud, en lugar del de Sanidad que hay actualmente, que también asuma las competencias en materia de Servicios Sociales.
Entre los requisitos sanitarios para el nuevo Gobierno está derogar el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que impulsó en 2012 la entonces ministra del ramo Ana Mato, ya que entienden que fue el que "destruyó la universalidad de la asistencia sanitaria en España".
Paralelamente, proponen impulsar una modificación legislativa orientada a "blindar el carácter universal de la sanidad española" y garantizar una cobertura sanitaria universal mediante el derecho a una tarjeta sanitaria para todas las personas, "también para los inmigrantes o emigrantes de nacionalidad española".
Además, entienden que el establecimiento del acceso a los medicamentos es uno de los componentes fundamentales del derecho a la salud, por lo que plantea eliminar aquellos copagos "que puedan suponer el no seguimiento o la interrupción de tratamientos (especialmente en personas de rentas más bajas)".
Y, del mismo modo, ampliar la cartera de medicamentos financiados, para lo que "se estudiará y evaluará la cartera de medicamentos financiados por el sistema sanitario para después proceder a su ampliación".
VOLVER AL GASTO PÚBLICO DE 2009 EN 2017
Por otro lado, Podemos también plantea un incremento del presupuesto público en sanidad con el objetivo de que en la primera parte de la legislatura, el gasto público total en sanidad alcance el mismo nivel que en 2009, "a más tardar a finales de 2017".
A partir de ese punto, según la formación 'morada', el gasto sanitario por habitante retomará la senda de convergencia con los países de la Eurozona.
Para ello, plantean un Plan de Bienestar Social y Modernización Económica que, en la primera mitad de la legislatura (2016-2017), destinaría 20.000 millones de euros para revertir los recortes en los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación, dependencia y protección social).
Una vez revertidos los recortes, durante la segunda parte de la legislatura (2018-2019), se destinarían 15.000 millones de euros adicionales a Sanidad y Educación.
GESTIÓN PÚBLICA
Además, el partido de Pablo Iglesias también propone la recuperación de la gestión pública en el Sistema Nacional de Salud (SNS) mediante la derogación de la Ley 17/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
No obstante, conservaría sólo las disposiciones que posibiliten el mantenimiento de los contratos con entes de régimen cooperativo, especialmente aquellos que prestan servicios en el ámbito de la violencia machista y el maltrato a menores, así como otros aspectos sociosanitarios.
Además, se asegurará la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Público de Salud para todas las mujeres, incluidas las jóvenes, y también el acceso a la reproducción asistida a todas las mujeres en el Sistema Público de Salud.
En cuanto a la organización del nuevo Gobierno, Podemos plantea un Ministerio de Salud y Servicios Sociales del que dependerían dos secretarías de Estado (Salud y Servicios Sociales) pero no consideran que ninguno de sus cargos sean nombramientos de responsabilidades de Estado que deban elegirse por consenso.
