MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. ha calificado los presupuestos en I+D+i del 2012 como "un ataque letal a la ciencia española" y ha afirmado que "suponen el mayor retroceso del sistema científico técnico en la democracia". En este sentido, la secretaria confederal de I+D+i, Salce Elvira, ha señalado en un comunicado que los recortes "condenan a la casi paralización al sector público de la investigación al reducir su fuente esencial de financiación, castigando sin paliativos al principal impulsor de la I+D+i en España y separando al país aún más de la media europea en relación al PIB".
"Si se consuma esta situación, el resultado será desolador e irrecuperable, ya que supone la paralización de proyectos de investigación estratégicos y la condena a la precariedad permanente o al exilio interior o exterior de la generación de jóvenes científicos mejor formada de la historia de España", ha añadido Elvira.
CC.OO. ha denunciado el recorte del 25,6 por ciento en la política de Investigación, Desarrollo e Innovación, que en el gasto corriente y de capital (capítulos 1 a 7) alcanza el 22,2 por ciento, y que llega hasta el 33 por ciento de recorte en las transferencias de capital (capítulo 7).
Según el sindicato, una de las causas más importantes de que la crisis se haya manifestado con mayor intensidad en España, dejándose sentir especialmente en la destrucción masiva de empleo, es "debido a que la economía está basada en mayor medida que la de los países del entorno en sectores de bajo valor añadido en lugar de utilizar la innovación y el conocimiento".
Por ello, CC.OO. considera que es "imprescindible" que el Gobierno escuche y tenga en cuenta las peticiones hechas la semana pasada con la entrega de 40.000 firmas al Presidente de Gobierno y Congreso, que acompañaban a la Carta Abierta por la Ciencia, en la campaña promovida desde la Confederación de Sociedades Científicas Españolas (COSCE), la CRUE, la Plataforma Investigación Digna y la Federación de Jóvenes Investigadores, CC.OO. y UGT. En ella, los firmantes reclaman que el Gobierno y las Cortes Generales "actúen en consecuencia y que no se penalice la inversión pública en I+D en los Presupuestos Generales del Estado".
