MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, y el presidente de la Organización Médica Colegial, Isacio Siguero, ratificaron hoy con su firma el convenio de colaboración para el desarrollo y aplicación del Proyecto de Ley de Protección de la Salud y Lucha contra el Dopaje.
Un convenio que según el máximo responsable de la OMC ayudará a "extinguir el dopaje" del deporte español, pero que a la vez también "protegerá a los médicos" porque, según afirmó, es el último escalón de la cadena y distingue que el "deportista es responsable de sus actos y el médico de los suyos".
Lissavetzky, por su parte, se mostró satisfecho por el "consenso" alcanzado "siempre necesario para sacar una ley adelante" y subrayó que este proyecto "cuenta con una percepción positiva por parte de la OMC". El convenio, entre sus puntos más destacados, incluye la creación de una Comisión Mixta de seguimiento, compuesta por dos miembros de la OMC y dos del CSD, cuyas funciones serán resolver cuantas dudas y discrepancias puedan surgir en la interpretación del mismo.
A través de este acuerdo, el secretario de Estado para el Deporte apuntó que "se regulariza la realización de controles de salud a deportistas profesionales", además de garantizar que "la realización de control de dopaje se hará siempre bajo la supervisión de un médico".
Lissavetzky insistió en que la nueva Ley nace bajo la convicción de que "permita garantizar la seguridad en las actuaciones de los distintos profesionales médicos". El CSD, a través de este convenio, se asegura la potestad de revisión de botiquines pero, apuntó Lissavetzky, "siempre salvaguardando el sentido común y la seguridad del medico".
"Lo que queremos es poder decomisar botiquines si hay una serie de sustancias que de manera muy abundante figuren en esos botiquines", añadió el secretario de Estado, que aseguró que "es fundamental" el asesoramiento por parte de la OMC además de fomentar las jornadas y canales de información.
El presente Convenio tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre, prorrogándose por períodos anuales, salvo que medie denuncia expresa por alguna de las partes y formulada tres meses antes de la fecha de su finalización. Además podrá ser revisado y modificado por consenso mutuo.
En definitiva, se trata de un nuevo paso en un proyecto de Ley que se encuentra en su tramo final y que el Consejo de Ministros puede aprobar mañana antes de su paso al Congreso donde, en condiciones normales, su tramitación debería llegar antes de la conclusión del presente año.
