BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La sustituta del diputado de C's Jordi Cañas, cuya renuncia al cargo ha sido aprobada este martes por el Parlamento catalán tras su imputación por presunto fraude fiscal, es la anestesista, abogada y hasta ahora presidenta del comité de empresa del Hospital Sant Pau de Barcelona, Carmen Pérez, impulsora de las diversas denuncias contra la gestión del centro.
Pérez figuraba en las elecciones de 2012 en el noveno lugar de la lista de C's por Barcelona como independiente, aunque ahora ya milita en la formación que encabeza Albert Rivera.
Además, en 2012 los trabajadores del Sant Pau reafirmaron su confianza en ella tras la celebración de elecciones sindicales en el centro que renovaron la composición del comité.
El Hospital Sant Pau se encuentra inmerso en un complejo proceso judicial en el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona desde hace dos años, con cerca de una decena de imputados, en un contexto de recortes presupuestarios que han tensionado a la plantilla y que originaron la recogida de firmas e incluso la ocupación simbólica del vestíbulo del centro durante más de 50 días.
Pérez ha presentado denuncias por desviación, malversación, prevaricación y estafa contra diversos gestores del hospital, dividido en tres fundaciones --la pública de gestión sanitaria, la privada de gestión patrimonial y la de investigación-- que gestionan Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat y Arzobispado de Barcelona.
La polémica de fondo se centra en si el superávit de la fundación privada debe repercutir en la gestión pública y en qué medida, aunque fruto de las denuncias el juez también ha apreciado otros posibles delitos como el cobro de dobles sueldos, y además la tensión ha originado diversos relevos en la dirección del centro y la intervención del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat.
No obstante, el Juzgado que sigue el caso también ha archivado alguna denuncia del comité, y en un auto de hace un año cuestionó el goteo de escritos presentados porque pretendían incluir cuestiones laborales, lo que hacía más complicado un proceso judicial que ha sido dividido en piezas separadas sobre la relación patrimonial entre las fundaciones y posible desvío de fondos, los supuestos contratos ficticios y las obras del nuevo hospital, inaugurado en 2009.
