Cajetillas de cigarros
MICAEL LOFGREN
Actualizado: viernes, 9 junio 2017 12:40

El Real Decreto aprobado traspone la Directiva de Productos del Tabaco con un año de retraso, aunque el sector comenzó a adaptarse en 2016

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mesa del Tabaco, Juan Páramo, ha afirmado que la aprobación del Real Decreto que traspone la nueva Directiva de Productos del Tabaco sitúa a España al límite máximo de la regulación y a la cabeza de la Unión Europea en el control del tabaco.

"Desde el sector del tabaco creemos que con la nueva norma que se acaba de aprobar hemos llegado al límite máximo de la regulación. De esta manera, podemos decir que en España tenemos una férrea legislación nacional para el control del tabaco y lo que se debe garantizar es su cumplimiento, muy especialmente en lo que se refiere al acceso de los menores al tabaco persiguiendo los canales de venta ilegal que operan al margen de la legalidad", ha subrayado Páramo.

El Real Decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros transpone la directiva comunitaria con un año de retraso, aunque el sector comenzó a adaptarse desde mediados del pasado año.

Páramo ha resaltado que la ratificación del dicho decreto implica "fuertes" restricciones en el envasado, etiquetado e ingredientes, al tiempo que ha subrayado que marca también las pautas para la regulación futura del sector, ya que prevé medidas como la implementación de un nuevo sistema de seguimiento y trazabilidad para luchar contra el comercio ilícito obligatorio en los productos del tabaco a partir de 2019 -actualmente en fase de desarrollo en la Comisión Europea-, la prohibición futura de determinadas variedades de producto, como los cigarrillos mentolados en 2020, o nuevas obligaciones para la declaración de ingredientes.

La Mesa del Tabaco ha recordado que estas medidas se suman a las ya existentes en España como la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados y de trabajo, la prohibición total del patrocino y de la publicidad y la protección del menor de 18 años gracias al control existente en los canales de venta, ya que la comercialización al por menor de las labores del tabaco sólo puede realizarse en el estanco o el segundo canal autorizado, como las máquinas expendedoras con control de acceso, estando expresamente prohibida igualmente la venta de productos de tabaco por Internet.

SEGURIDAD JURÍDICA

El presidente de la Mesa del Tabaco ha valorado que el Real Decreto aprobado dota de la necesaria seguridad jurídica al sector, en la medida en que los fabricantes vienen adaptándose desde mediados de 2016 a la nueva Directiva del Tabaco, solo en aquellas medidas que, por estar claramente definidas en la norma europea ha sido posible, como por ejemplo el etiquetado y envasado de los cigarrillos y tabaco para liar, que en un buen número de referencias ya cumple con lo exigido por Bruselas.

Tal y como prevé la Directiva, la Comisión Europea tiene aún pendiente desarrollar su legislación secundaria, que abordará cuestiones de gran importancia para el sector, como los sistemas de trazabilidad.

En este sentido, según la Mesa del Tabaco, es importante que estén basados en estándares abiertos interoperables (es decir, que faciliten la conexión entre los diferentes sistemas y tecnologías usados por los actores de la cadena de suministro) y que no se retrasen los plazos de decisión para que el sector pueda llegar a tiempo en su cumplimiento.

Desde el punto de vista nacional, el desarrollo de toda la legislación secundaria pendiente hace necesaria la coordinación interministerial para poder alcanzar disposiciones que tengan en cuenta los intereses de todos los departamentos afectados.

La Mesa del Tabaco es una agrupación en la que está representado el conjunto del sector español del tabaco: agricultores, transformadores, industria, mayoristas, fabricantes de máquinas expendedoras, estancos, además de la CEOE y las federaciones agroalimentarias de UGT y CC.OO.

El sector del tabaco genera 61.000 empleos en España y aporta más de 9.110 millones de euros al año a las arcas públicas, el equivalente al 5% de los ingresos totales del Estado.

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