Médicos de familia piden frenar el RD que regulará la gestión de las bajas por enfermedad
MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Foro de Médicos de Atención Primaria, formado por colegios profesionales, sindicatos y sociedades científicas de esta especialidad, urge al Gobierno paralizar el Real Decreto que regulará la gestión de las incapacidades temporales, que entrará en vigor el 1 de diciembre, ya que no se adapta a las verdaderas necesidades de profesionales y trabajadores.
Esta entidad denuncia que durante los cuatro años de legislatura se han sucedido los borradores de esta norma pero el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), del Ministerio de Empleo, ha rechazado "la práctica totalidad de las aportaciones que han realizado los médicos de familia a pesar de que son quienes "tradicionalmente han asumido la emisión de los partes de baja, confirmación semanal y alta en la práctica totalidad de los procesos".
Por ello, lamentan que el Gobierno ha "desaprovechado la posibilidad de modernizar la gestión de la incapacidad laboral", ya que "sustituye una burocracia basada en la desconfianza hacia el trabajador, obligado a realizar una comparecencia semanal, por la desconfianza en el profesional", que ahora deberá realizar un "elevado número de informes, hasta 8 o 9 en las bajas que agoten el plazo legal de un año".
Además, critican que establece un "farragoso sistema de duración estimada", con bajas 'muy cortas', 'cortas', 'medias' y 'largas' basadas en datos estadísticos que "no guardan relación con la práctica clínica".
"Se desaprovecha así la oportunidad de cambiar el modelo a un sistema de plazos de revisión basados en la clínica y en la estimación del profesional, especialmente en los procesos severos o graves", denuncia el Foro.
Por otro lado, avisan de que el RD establece que el parte médico de baja de incapacidad temporal se deberá expedir inmediatamente después del reconocimiento médico del trabajador por el facultativo del servicio público de salud que lo realice, por lo que "en una gran parte de los casos obligará a realizar el procedimiento de baja y seguimiento en servicios de Urgencia y en Hospitales".
Y, para ello, no se ha procedido a preparar los medios informatizados o manuales que aseguren su emisión en el medio hospitalario, "dando por hecho que seguirán siendo los médicos de familia los que asumirán la gestión y control de la IT, contraviniendo la legislación".
SOLO GESTIONARÁN LAS IT DE ENFERMEDADES QUE DIAGNOSTIQUEN
De hecho, piden a todos los médicos de familia a que se limiten a asumir la incapacidad temporal "sólo en aquellas patologías cuyo diagnóstico y seguimiento realicen directamente".
Asimismo, avanzan que van a iniciar una campaña informativa dirigida a los ciudadanos y a todos los agentes sociales implicados en este tema (empresas, sindicatos, Defensor del Pueblo, partidos políticos, consumidores) y se está elaborando, con asesoría jurídica, un informe con las recomendaciones de actuación para los profesionales en el caso de que este decreto entrara en vigor.
"Deberá ser el Gobierno central y los de las comunidades autónomas los que asuman las consecuencias del previsible conflicto entre profesionales sobre la aplicación del RD, que podrá ocasionar la falta de cobertura a los trabajadores en su derecho a la incapacidad temporal y su compensación correspondiente", han advertido.
BALANCE DE LA LEGISLATURA Y PROPUESTAS
Por otro lado, y ante el cambio de legislatura, en la última reunión del Foro de Atención Primaria se ha analizado la evolución de la especialidad en estos últimos cuatro años, en los que se han "sentido ignorados por las autoridades sanitarias".
Además, denuncian que la opacidad de las diferentes administraciones autonómicas ha hecho "imposible conocer con exactitud los datos de la tasa de reposición de los últimos años", que estiman que se ha situado entre un 5 y 15 por ciento.
Ante esta situación, han anunciado que su decálogo de Objetivos para una Atención Primaria de Calidad, publicado en abril, se va a presentar a todos los partidos políticos para que incluyan las propuestas en sus programas electorales, entre las que destacan la necesidad de un Pacto por la sanidad, una gestión transparente y una estabilidad laboral que garantice la continuidad de la atención a la población.
