MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
Más de 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos que constituyen Denuncia y Resistencia al RD 16/2012 han enviado una cara a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en la que reclaman al Gobierno que apruebe alguna normativa, por vía de urgencia antes de la disolución de las Cortes, prevista para el próximo 5 de marzo, que garantice el acceso a una sanidad plenamente universal a todas las personas que se encuentren en España.
Según las entidades firmantes, encabezadas por REDER Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal, "la ausencia de este reglamento hace que se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes".
En su carta, donde esperan que se tome una decisión en el próximo Consejo de Ministros, que debe celebrarse este viernes, las organizaciones señalan que aunque la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018 (RDL) fue un paso importante, este fue "insuficiente, y desde el primer momento se alertó que la universalidad tenía importantes grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria", por lo que estiman urgente desarrollar el reglamento necesario.
Para el conjunto firmante y, tal y como se señala en la carta enviada, las recomendaciones hechas a las comunidades autónomas no son de obligado cumplimiento, por lo que no se evitan prácticas de exclusión sanitaria y tampoco se abordan las numerosas situaciones de exclusión denunciadas.
Esta situación les preocupa ante la inminente disolución de las Cortes que, recuerdan, "aboca a la paralización del trámite del Proyecto de Ley, poniendo en serio riesgo la consolidación de la sanidad universal de la que el Gobierno ha hecho bandera". Ante esta circunstancia, consideran "impostergable" la adopción del Reglamento del RDL 7/2018, que "clarifique el contenido de este y garantice el derecho a la atención sanitaria a todas las personas que viven en España".
TRES CUESTIONES DE URGENCIA
En primer lugar, han pedido a Carcedo que se garantice la atención con cargo a fondos públicos a mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata; asimismo, recuerda que la prueba de que la persona vive en España no puede verse supeditada exclusivamente al empadronamiento.
Y, por último, las organizaciones firmantes recuerdan la necesidad de reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores - padres, madres, abuelos y abuelas - que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar.
"Mantener la exclusión de este colectivo resulta claramente contradictorio con el espíritu de la nueva política sanitaria defendida por el Gobierno, poniendo en grave riesgo la salud de estas personas de avanzada edad y que necesitan tratamiento", subrayan los colectivos de la sociedad civil.
