MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha realizado hoy una segunda lectura del anteproyecto de ley de Libre Elección de Médico, que permitirá la libertad de elección de médico de familia, pediatra y enfermero en Atención Primaria así como médico en Atención Especializada en un paso previo a su envío a los órganos preceptivos.
Así lo anunció en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Sanidad madrileño, Juan José Güemes, quien recordó que el contenido de este anteproyecto consiste en el "reconocimiento del derecho de los pacientes" a elegir libremente, tanto el médico de familia, como el pediatra y el enfermero en Atención Primaria así como la elección de médico en Atención Especializada.
"Los pacientes, de acuerdo con lo que esta previsto, podrán elegir libremente, sin ninguna restricción y sin necesidad de justificación alguna en cualquiera de los centros de la Comunidad de Madrid", recalcó Güemes, si bien explicó que la excepción está en los servicios centralizados como la anestesia, la anatomía patológica, o las pruebas de laboratorio.
Se trata, por tanto, de "un derecho que está contemplado en el anteproyecto de ley y que se extiende a todos aquellos que tienen derecho, de acuerdo a la legislación estatal y autonómica, a la sanidad pública en la Comunidad de Madrid". Además, Güemes prevé un "rápido" desarrollo de las disposiciones contempladas en el mismo a través de dos decretos "que en un plazo de tres meses tendrán que concretar el reconocimiento para el ejercicio de ese derecho de libertad de elección".
Preguntado por los tiempos de este anteproyecto, el consejero de Sanidad reconoció que lo desconoce porque "no depende sólo del Gobierno", pero que su voluntad es tramitarlo "lo más rápido posible". Hay que tener en cuenta que los anteproyectos de ley tienen tres lecturas en el Consejo de Gobierno, a partir de las cuales se someten a la consulta de los órganos consultivos y luego, se realiza, según Güemes, una última lectura donde se recoge o no la valoración de estos órganos consultivos.
Se desconoce el tiempo que puedan tardar en contestar estos órganos consultivos preceptivos, aunque tienen un plazo límite "pero pueden agotarlo". A continuación, tendrá lugar la aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno, y se remitirá a la Asamblea de Madrid, que también es "libre de fijar sus propios plazos", recordó.
El consejero continuó explicando que una vez se apruebe en la Asamblea, al día siguiente de su publicación éste ya estará listo, y "se prevén tres meses para el desarrollo de los decretos que concrete el desarrollo de los derechos" de los pacientes madrileños.
LIBERADOS SINDICALES PERJUDICADOS
El nuevo anteproyecto, según informó hace unas semanas el diario 'ABC', reducirá de 918 a 90 el número de liberados sindicales, algo que preocupaba a las organizaciones sindicales, y que, según señaló Güemes, la Consejería de Sanidad está dispuesta a negociar de forma paralela a la puesta en marcha de este anteproyecto para reconocer el derecho de los pacientes.
"Lo que ha manifestado la Consejería de Sanidad es que el propósito de este anteproyecto de ley es el reconocimiento de un derecho a los pacientes y naturalmente estamos dispuestos en paralelo a hablar de derechos sindicales", señaló el responsable del ramo, que, por otro lado, no perdió la ocasión para expresar su opinión, al margen de todo, de los liberados sindicales.
Así, manifestó que parece que 1,4 millones de horas de liberación sindical en la sanidad pública madrileña, que es el equivalente a 918 empleados públicos a tiempo completo, es decir, "a 918 personas que cobran su sueldo pero que no tienen que cumplir con la jornada laboral y que tiene un coste de 30 millones de euros -- cinco euros por cada madrileño--, es algo que probablemente a la ciudadanía le parece algo excesivo, y más en tiempos como los que estamos de crisis".
También cuestionado por si la nueva normativa va a recoger los derechos de los trabajadores, Güemes señaló que se establecen cautelas en el anteproyecto de ley "donde se da una importancia al juicio del propio facultativo, en la administración de su trabajo". No obstante, indicó que cualquier cambio en el sistema retributivo tiene que ser fruto del diálogo social que se produzca en la mesa sectorial. "Lo hemos contemplado y hemos propuesto una agenda de trabajo con las organizaciones sindicales", concluyó.
