MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
UGT-Madrid consideró hoy que el reglamento elaborado por la Comunidad de Madrid para desarrollar la ley antitabaco, cuyo texto ha sido remitido recientemente al Consejo Económico y Social (CES) para su análisis, es "antagónico al espíritu" de la normativa estatal.
Para el sindicato, el reglamento regional "es contradictorio e incluso puede llegar a rozar la ilegalidad, cuando en la exposición de motivos se dice que 'el tabaquismo jamás ha planteado problemas de orden público o social', en clara contradicción -recalcó- con los contenidos de la ley nacional, en la cual se hace referencia expresa a que el consumo del tabaco se constituye como uno de los principales problemas de salud pública, por ser, después del alcohol, la segunda droga más consumida por lo españoles".
Por otro lado, UGT criticó el párrafo en el que se afirma que "la labor de los poderes públicos no ha de ser imponer normas de conducta, por muy saludables que éstas sean, sino proteger la libertad, los derechos y la dignidad de todos los ciudadanos". En este sentido, consideró que "son esos mismos valores los que pueden estar en entredicho cuando está en juego la salud pública de los ciudadanos".
La organización sindical que lidera José Ricardo Martínez cree "paradójico" que "el Partido Popular, que no apoyó la creación de salas de fumadores en los centros de trabajo, pretenda ahora, con el desarrollo reglamentario de la citada ley, ser mucho más permisivo, hasta llegar a desvirtuar los contenidos de la ley estatal".
"INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA"
"Es una grave irresponsabilidad del Gobierno Regional la instrumentalización de la salud pública de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en su permanente obsesión por buscar el enfrentamiento con el Gobierno central, estrategia política que deja al margen la resolución de los verdaderos problemas que tienen los madrileños", concluyó UGT-Madrid.
El CES es un órgano de participación tripartito y de carácter consultivo de la Comunidad de Madrid en materias económicas y sociales del que forman parte tanto los interlocutores sociales (empresarios y sindicatos) como expertos designados por el Gobierno regional.
