SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha trasladado este jueves al Gobierno su postura de colaboración en la búsqueda de soluciones para el sistema sanitario al tiempo que le ha solicitado que reconsidere las medidas recogidas en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema Nacional de Salud (SNS) con el fin de "garantizar" la atención sanitaria a todas las personas residentes en este país.
Así lo ha defendido la directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta, Rocío Palacios, que ha representado, junto a Murcia, a las comunidades autónomas en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes celebrado este jueves en la Secretaría General de Inmigración y Emigración, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde están integrados administraciones, organizaciones y agentes que trabajan el mundo de la migración.
De esta manera, Palacios ha explicado a Europa Press que en esta cita se ha tratado el contenido del Real Decreto Ley de medidas sanitarias, que paralelamente hoy se vota en el Congreso de los Diputados. Así, según ha señalado, durante el intenso debate los miembros del Foro han trasladado al Gobierno su "disconformidad" por debatir el Real Decreto Ley si haber dado audiencia previa al Foro del texto como marca los estatutos del mismo.
En este sentido, ha recordado que "cuando hay una modificación o aprobación de una norma por parte del Estado que afecte a la integración social de las personas, ésta tiene que ser sometida a la consideración del Foro, y en este caso no ha sido así". Según Palacios, el Gobierno se ha excusado por "la urgencia de tomar las medidas".
Durante el debate, Palacios ha defendido la postura del Gobierno andaluz de colaboración con el Ejecutivo central y, al mismo tiempo, de "rechazo" del decreto, pues considera que "la sola retirada de los derechos de atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular pone en riesgo no solo su salud sino la de la población en general".
FORMULA JURÍDICA PARA PRESTAR ATENCIÓN EN ANDALUCÍA
En esta línea, Palacios ha insistido que Andalucía, junto con otras comunidades como Navarra, Cataluña, Canarias o el País Vasco, "estamos estudiando, dentro del marco competencial de las comunidades, la fórmula jurídica para ver en que medida se puede prestar esa asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares".
Por todo ello, la representante de Andalucía y de las demás comunidades ha solicitado al Gobierno que "reconsidere" su postura y le ha "tendido la mano" para buscar fórmulas que garanticen la buena gestión del SNS, pero que además garantice "la prestación sanitaria a todas las personas residentes en el país".
Por otro lado, Rocío Palacios ha indicado que también durante el desarrollo del Foro se ha aprobado un informe sobre la situación de la población extranjera, que "el Ministerio de Empleo y Seguridad Social no ha querido aprobar, pues en el mismo se incluía un apartado sobre la salud de este colectivo, en el que se recoge que un llamamiento para que se reconsidera las medidas del Real Decreto".
Igualmente, el Foro, órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes está adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social a través de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, ha adoptado la decisión de realizar una convocatoria extraordinaria para abordar el Real Decreto, pues, a juicio de Palacios, la reunión de este jueves "coarta y limita las competencias del Foro, pues se ha tenido que analizar el decreto mientras se aprueba en el Congreso".
De otro lado, la directora general de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta ha insistido en que Andalucía "luchará, desde el ámbito competencial, para que toda persona que resida en la comunidad tenga atención sanitaria" y ha recordado que la postura de la Administración andaluza es "de mano tendida" para buscar soluciones que vayan en beneficio del SNS y de las personas.
Por último, ha mostrado su confianza en que "se reconsideren" las medidas adoptadas y que se busque "un acuerdo con grupos políticos y representantes de la sociedad civil, pues es necesario en una cuestión de estado como ésta".
