MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Congreso de los Diputados debatirá este próximo martes una proposición de ley de la Izquierda Plural, formada por IU, ICV-EUiA y CHA, con la que pretenden garantizar que la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos del Sistema Nacional de Salud (SNS) sea de titularidad pública y, asimismo, sólo se puedan establecer acuerdos con entidades privadas sin ánimo de lucro y siempre de forma excepcional y "necesitados de justificación".
Así se desprende del texto remitido a la Mesa de la Cámara Baja para su debate en el pleno, con el que pretenden modificar la actual Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS.
La iniciativa responde a la "campaña generalizada" puesta en los últimos años en algunas comunidades para "desprestigiar y desmantelar" la sanidad pública, introduciendo "nuevas formas de gestión empresarial" que, "con la disculpa de innovar", buscan "privatizar los sistemas sanitarios públicos y una oportunidad de negocio".
Pero, según advierte la Izquierda Plural, "los grandes perdedores de estos cambios serán los ciudadanos", ya que "la calidad de los servicios sanitarios empeorará y los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores".
Por ello, en su proposición de ley apuestan por un cambio normativo por el que "los acuerdos o convenios con entidades privadas tengan carácter supletorio y lo sean exclusivamente con aquellos sin ánimo de lucro".
"Deben ser excepciones a la regla de la gestión pública directa y, por ello, necesitados de justificación concreta para su admisión", reza la propuesta.
El objetivo, explican en esta iniciativa, es que la gestión y administración de centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o socio-sanitaria se lleven a cabo "directamente o indirectamente a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho".
Asimismo, proponen que sea el Gobierno, mediante Real Decreto, y las comunidades autónomas, "en los ámbitos de sus respectivas competencias", quienes determinen las formas jurídicas, órganos de dirección y control, régimen de garantías de la prestación, financiación y peculiaridades en materia de personal de las entidades que se creen para la gestión de estos centros, "mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas".
