El Gobierno aprueba la nueva estructura del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón
Eduardo Parra - Europa Press
Actualizado: viernes, 24 agosto 2018 15:09

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la nueva estructura orgánica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social mediante un Real Decreto-Ley que establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Entre las principales novedades, se recoge el "mandato" para crear un Observatorio de Salud de las Mujeres y se ha creado una Dirección General de Consumo.

A través de un comunicado, el Ministerio detalla que este nuevo órgano asumirá las competencias de Consumo con el fin de "dar un nuevo impulso a la actividad dirigida a garantizar un nivel elevado de protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios, mediante una gestión eficiente y transparente, a través de una unidad de criterio que contribuya a reforzar la confianza de los ciudadanos".

Además, se incluye un "mandato" para crear el Observatorio de Salud de las Mujeres, como órgano colegiado adscrito al Ministerio a través de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. Dicho observatorio tendrá como finalidad "la mejora del conocimiento de las causas y determinantes de la salud de la mujer, así como la difusión de conocimientos que contribuyan a promocionar servicios de calidad adecuados y la promoción de análisis y estudios en colaboración con
los agentes sociales implicados para conseguir logros en la salud y en la calidad de vida de las mujeres".

De la misma manera, también se amplían las competencias del hasta ahora Consejo Asesor de Sanidad, que pasa a denominarse Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, y que actuará como órgano consultivo y de asistencia a la ministra, Carmen Montón, en la formulación de políticas.

Para el Ministerio, estas nuevas competencias en materia social quedan justificadas "por la vinculación existente entre determinadas políticas sanitarias y colectivos que precisan de una mayor protección social, como son los enfermos crónicos o las personas con discapacidad".